En las últimas horas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz, condenado en el año 2006 a prisión perpetua. Acumula además otra cinco penas.
Etchecolatz, de 88 años, vivirá en una casa en Mar del Plata y deberá utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico, como condena suficiente por los múltiples crímenes de lesa humanidad que cometió cuando se desempeñaba como director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y coordinador de 21 centros clandestinos de detención durante la dictadura.
Diversos organismos de derechos humanos repudiaron rotundamente la medida. El hijo de Julio López, desaparecido por segunda vez en el marco de una causa contra Etchecolatz, aseguró que "es igual a que largaran a Hitler porque está viejo". Por su parte, el colectivo Historias Desobedientes, integrado por familiares e hijos de represores, también criticó esa situación: "Pesan sobre él seis cadenas perpetuas por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar, y le conceden la domiciliaria como si fuera un pobre anciano", escribieron.
Sin embargo, la de Etchecolatz lejos está de ser una situación extraordinaria: ¿Cuántos represores gozan del beneficio de la prisión domiciliaria?
A partir de los datos oficiales de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizados al 2 de marzo de 2017, son 1149 los represores imputados libres y 1044 los detenidos. Un total de 542 imputados fallecieron, 467 de ellos sin ser sentenciados y 75 luego de que le dictaron su condena o absolución.
Del total de detenidos, el 48% (518) goza del beneficio de la prisión domiciliaria; los otros 455 se encuentran en cárceles del servicio penitenciario federal o provincial.
En el derecho argentino, el arresto domiciliario es una institución jurídica de carácter garantista, creada para beneficiar a condenados mayores de 70 años o los que padezcan una enfermedad incurable en período terminal.
En el caso de muchos represores, esa garantía fue bastardeada en diferentes oportunidades. Incluso en diversas ocasiones la prensa pudo fotografiar a ex militares saliendo de sus casas y violando dicho beneficio.
Tal fue el caso de Reynaldo Bignone, Carlos Alberto Roque Tepedino, Luis Trillo, Emilio Massera y Jorge Rafael Videla, entre otros. El propio Etchecolatz ya violó ese beneficio hace casi una década cuando amenazó con un arma de fuego a una persona.
Por Lucía Vernetti, APU
