La decisión anunciada el pasado 2 de marzo «tiene impacto particular para los servicios consulares de los que dependen decenas de miles de ciudadanos que se ven obligados a incurrir en gastos adicionales al tener que viajar a terceros países en la búsqueda de visas temporales o de inmigrantes», señaló en declaraciones a la prensa el director general de Estados Unidos de la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío.
El funcionario añadió que Washington impone de esa manera un «castigo financiero a decenas de miles de personas, además de angustia e inseguridad en las relaciones de ellas con sus familiares y allegados».
La Embajada estadounidense en La Habana solo ofrece servicios esenciales a los estadounidenses y casos de emergencia desde septiembre del año pasado, cuando el Departamento de Estado ordenó la retirada de cerca del 60 % de su personal.
A partir de este 5 de marzo se hizo oficial el recorte, que puede ser válido por tiempo indefinido, y la misión estadounidense pasó a operar como una «asignación sin acompañantes», en la que no están permitidos los familiares de los funcionarios.
Sin embargo, fuentes diplomáticas estadounidense confirmaron a Granma que el estatus actual puede ser «revisado y cambiado en cualquier fecha».
Fernández de Cossío afirmó que las recientes medidas «responden a motivaciones políticas y no tiene relación alguna con la seguridad de sus funcionarios en La Habana».
Washington volvió a esgrimir como excusa para el recorte los supuestos «ataques» contra la salud de su personal que habrían ocurrido en la capital cubana.
Sin embargo, tras meses de investigaciones de Cuba y Estados Unidos, no se ha presentado una sola evidencia que respalde la ocurrencia de dichos incidentes.
El funcionario cubano criticó que el Departamento de Estado renueve el uso del término «ataques», cuando «conoce con total seguridad que no ha habido ataques ni ha habido acto deliberado alguno contra sus diplomáticos en Cuba».
«Es un término cuyo uso entraña mala intención y no se corresponde con el vocabulario ni el contenido de los intercambios oficiales», añadió. «En ninguno de los reportes publicados por el Departamento de Estado o por expertos diversos, incluidos los de la comunidad científica, se presenta evidencia alguna de que en Cuba ocurrió algún ataque».
También consideró un «acto hostil y difamatorio» la permanencia de Cuba en el nivel 3 de 4, con la recomendación de «reconsiderar los viajes», en el sistema con el que Washington evalúa la seguridad de los destinos en el mundo entero.
La mayor de las Antillas recibe más de cuatro millones de visitantes cada año y es considerada uno de los destinos más seguros del mundo por organismos internacionales y empresas especializadas del sector turístico.
La alerta de viajes tiene «una clara agenda política en nada relacionada con la salud de los funcionarios ni con la preocupación por los viajeros», dijo Fernández de Cossío.
«Es falso que el personal diplomático de la Embajada esté o haya estado en riesgo. Es falso que haya sido objeto de ataques. Es falso que se haya permitido en Cuba o que pueda haber ocurrido en Cuba por parte de alguien alguna acción deliberada contra diplomáticos de los Estados Unidos. Es falso que ciudadanos estadounidenses tengan razones para temer por su seguridad en Cuba», ratificó.
