El embargo incluye armas, otros equipos que podrían usarse para la represión, la provisión de entrenamiento militar y productos utilizados para monitorear las comunicaciones, según ha indicado el Consejo de la Unión Europea (CE).
El Consejo ha agregado que ha acordado un marco para las sanciones personales contra los funcionarios de las Fuerzas Armadas de Myanmar y la policía de la guardia fronteriza, en caso de que no cesen las violaciones de los derechos humanos en el país. Las sanciones personales podrían incluir prohibiciones de viaje y congelación de activos, detalla el CE.
La UE acusa a Myanmar de violaciones a los derechos humanos “serias y sistémicas” en una operación militar en el noroeste del país el año pasado que hizo que casi 700.000 musulmanes rohingyas se vieran obligados a huir hacia el país vecino Bangladés.
Además del bloque regional, Estados Unidos y Canadá han tomado medidas similares contra el país asiático, que a menudo reprime también a los reporteros y periodistas que intentan informar sobre el genocidio rohingya.
De hecho, una cuestión que ha llamado recientemente la atención de los países occidentales ha sido el encarcelamiento de dos periodistas de la agencia británica de noticias Reuters, que informaban sobre la ofensiva del Ejército contra los rohingyas. Ambos permanecen en prisión en Yangon, donde enfrentan hasta 14 años de cárcel por violar la Ley de Secretos Oficiales de Myanmar.
La represión de las fuerzas militares birmanas contra los rohingyas se ha saldado con la vida de unas 1000 personas. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) publicó en noviembre del año pasado un informe en el que alerta de sistemáticas violaciones brutales de soldados del Ejército de Myanmar contra la comunidad rohingya.
El Ejército de Myanmar, respaldado por el Gobierno y los extremistas budistas del país, inició una ofensiva con consecuencias mortales contra los musulmanes rohingyas en el estado occidental de Rajine a finales de 2016. Los ataques se intensificaron en agosto del año pasado.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas contra los rohingyas es “una tragedia humana que lleva las huellas del Gobierno birmano y la comunidad internacional”.
