"Hay leyes y políticas públicas que probablemente lleven a incrementar la superpoblación carcelaria en la Argentina", advirtió el experto en una conferencia de prensa que brindó en el Centro de Información de la ONU, en el barrio porteño de Recoleta, al concluir su visita oficial al país iniciada el pasado 9 de abril.
Melzer y su equipo de colaboradores trabajaron en el terreno para "identificar y evaluar los principales desafíos relacionados con la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes" en cárceles federales y provinciales, comisarías e institutos de detención de menores, mujeres y pacientes psiquiátricos, entre otros establecimientos.
"Quisiera expresar mi agradecimiento al Gobierno argentino por la invitación", dijo Melzer, y destacó la "excelente cooperación" que recibió a nivel nacional y provincial, al tiempo que explicó que redactará "un informe más completo que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2019".
El informe preliminar pasó revista a diversos aspectos relacionados con violaciones a los derechos humanos en situaciones de encierro pero puso un énfasis particular en la "creciente superpoblación" carcelaria.
"En todo el país, pareciera haber un claro endurecimiento de la política penal en respuesta a las inquietudes de la población en materia de delitos violentos y seguridad pública, lo que provoca un pronunciado incremento de los niveles de reclusión y un dramático deterioro de las condiciones de detención", expresó.
En este orden, señaló que "la población carcelaria de la Argentina se ha triplicado prácticamente en las últimas dos décadas, lo que resulta en una situación crónica de sobrepoblación".
Tras visitar establecimientos e instituciones en la Capital Federal y en tres provincias argentinas (Buenos Aires, Córdoba y Formosa), concluyó que, en líneas generales, es "más preocupante" la situación en cárceles y otros establecimientos provinciales que en los de jurisdicción federal.
Durante su permanencia en la Argentina, el relator de la ONU tocó los temas de su visita con funcionarios del Gobierno nacional, los ministerio públicos Fiscal y de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación, así como con miembros del recientemente creado Comité Nacional de Prevención, organismos de derechos humanos y víctimas.
En otro orden, Melzer subrayó que desde el fin de la última dictadura hubo "un progreso importante" en los juicios por crímenes de lesa humanidad y en materia de "Memoria, Verdad y Justicia".
"Esa capacidad debería aplicarse también a estos casos", sostuvo Melzer, y dijo tener "la impresión de que parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad".
En sucesivos capítulos de su informe preliminar, entre otras cuestiones, instó a lograr "una tipificación amplia del delito de tortura" en el Código Penal y "una asignación efectiva de los recursos económicos necesarios a fin de permitir la eficaz implementación del mandato del Mecanismo Nacional de Prevención" de la tortura y la creación de mecanismos similares en las provincias.
Además, les solicitó a las autoridades nacionales y provinciales que "garanticen un acceso libre e irrestricto a los lugares de privación de la libertad para todos los órganos de supervisión, ya sean órganos gubernamentales o de la sociedad civil".
También aludió al uso y la excesiva duración de la prisión preventiva, y se detuvo en casos de diversas formas de violencia institucional y empleo de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en las instituciones de encierro que visitó.
