"Llegamos a esta instancia para buscar una solución amistosa con el Estado. Hace 36 años que los soldados de Malvinas están buscando justicia y debe haber un compromiso del país para que se llegue a la verdad", dijo a Télam Jerónimo Guerrero Iraola, abogado y representante legal del Cecim en esta causa.
La investigación por las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los conscriptos argentinos por parte de los suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas se inició hace más de 10 años, con una denuncia que se presentó en el juzgado Federal Número 2 de Río Grande, Tierra del Fuego.
En 2009, el teniente primero (RE) Jorge Eduardo Taranto, uno de los acusados en este causa, presentó ante el juzgado un recurso para pedir la prescripción de los delitos que se le imputaban en una denuncia presentada por un ex soldado.
Ese pedido se rechazó en el juzgado y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia convalidó esa decisión al establecer que los hechos denunciados debían ser procesados como delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, dos años más tarde, la Sala I de la Cámara de Casación validó el pedido de Taranto y en febrero de 2015 la Corte ratificó ese criterio, ante lo cual los veteranos de guerra de La Plata decidieron presentar un recurso ante la CIDH para evitar que se siente un precedente que haga caer la causa.
"El fallo de la Corte que aceptó el pedido de Taranto se remitía a un solo caso. Pero antes de esa resolución se presentaron otras denuncias contra el militar. La causa sigue, pero necesitamos que haya una activación del expediente", explicó Guerrero Iraola.
En la actualidad, hay radicados en el juzgado de Río Grande -que tiene jurisdicción sobre Malvinas en función del reclamo de soberanía sobre las islas consagrado en la Constitución Nacional- 105 casos de violaciones a los derechos humamos, 95 imputados y 120 denunciantes.
En mayo del año pasado, el centro de veteranos de guerra, que preside Mario Volpe, se reunió en Buenos Aires con una delegación del organismo interamericano encabezada por su presidente, el peruano Francisco Eguiguren, y expresaron su inquietud por "las dilaciones del Poder Judicial" que dificultan el avance de esta causa.
La CIDH propuso iniciar un procedimiento de "solución amistosa", y en una reunión de trabajo que se realizará en la capital de la República Dominicana, junto a representantes del Gobierno nacional, el Cecim presentará a título de los veteranos de Malvinas once puntos a través de los cuales se podría alcanzar un principio de solución.
Los ex combatientes quieren que el Estado argentino reconozca su responsabilidad por los hechos denunciados, que pida disculpas públicas, la creación de un archivo sobre violaciones a los derechos humanos en Malvinas, difundir la temática de Malvinas en las áreas de capacitación docente, apoyo a la querella en esta causa, desarrollo de actividades de concientización, reparación pecuniaria, generar un espacio de encuentro y un programa de acompañamiento para los familiares de las víctimas.
Además, los veteranos de guerra solicitarán la desclasificación de los archivos referidos al conflicto del Atlántico sur; la creación de una Unidad de Investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en Malvinas y la derogación definitiva de la ley de servicio militar.
"Por la cantidad de casos y acusados, creemos que estamos ante una megacausa. Nos apoyamos en las conclusiones del informe elaborado en 1983 por el teniente general Benjamín Rattenbach, que estableció que la guerra de Malvinas constituyó una 'aventura militar' llevada a cabo por unas fuerzas armadas que estaban preparadas para combatir contra un enemigo interno, pero no contra una potencia militar como Gran Bretaña", remarcó el letrado.
