Advierten que la medida contradice lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ordenó la detención domiciliaria de la dirigente social en una resolución que ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Referentes de esas organizaciones visitaron Jujuy el viernes y brindaron una conferencia de prensa junto a la abogada Paula Álvarez Carreras, que integra la defensa de Milagro Sala, y la dirigente de ATE Jujuy Anabel Yacianci, en la que alertaron sobre la situación de Milagro Sala, quien se encuentra realizando una huelga de hambre en reclamo de que se cumplan sus derechos procesales.
“El procedimiento de traslado de Milagro Sala a la cárcel federal de Salta es de muy alta gravedad”, calificó el abogado Guillermo Munné, integrante del colectivo Mario Bosch, que reúne a abogados y abogadas que actúan en juicios de lesa humanidad, y recordó que está vigente para su protección una medida cautelar de la CorteIDH y requerimientos a su favor del Grupo Especial de Trabajo de las Naciones Unidas, en el sentido de que se debe dictar su libertad o, como alternativa, que debe estar con medida de restricción de libertad en su hogar.
“Cuando se dispuso la llamada prisión domiciliaria, se generó una forma de hostigamiento hacia ella como no existe en ninguna prisión domiciliaria de la Argentina ni siquiera respecto de los genocidas ya condenados, porque a nadie se le somete a la rigidez del confinamiento, los controles y presiones como los que se imponen a Milagro Sala en la supuesta domiciliaria, que como publicó Raúl Zaffaroni, no es una prisión domiciliaria sino que es haberse apropiado de un inmueble para convertirlo en una cárcel. Eso no existe en la Argentina”, describió Munné en diálogo con el programa Día 6.
“Si este cuadro ya era muy cuestionable, y lo veníamos denunciando, lo que pasó el martes a la noche es realmente de una urgencia para repudiar y para revertir -continuó-, porque frente a todo esto y frente a un cuadro de salud delicado de Milagro Sala, el juez Pullen Llermanos, despreciando todas las reglas aplicables a la situación, dispone intempestiva y brutalmente que vuelva a estar encerrada en una celda, en una cárcel donde hay gente con otro tipo de imputaciones y con condenas. Esto es directamente un atentado a su vida”.
El abogado que además intregra la agrupación HIJOS de Santa Fe, recordó que “los informes del área de la salud indican que Milagro no puede estar sometida a ese tipo de condiciones sin que se pongan en riesgo su integridad y su posibilidad de sobrevivencia”. Por esta razón, la decisión del juez Pullen “se advierte como un abuso y un ataque”, afirmó, y advirtió: “Están buscando que no sea mucho más el tiempo de vida de Milagro Sala. No menos de esto estamos denunciando”.
¿Cuál es la acción que vienen a plantear desde San Salvador de Jujuy?
Frente a lo urgente de este atropello, compañeras y compañeros de todo el país entendimos que había que hacer una intervención inmediata, y es así que el jueves planteamos una denuncia ante el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, y el viernes vinimos algunos representantes de este amplio conjunto de espacios de derechos humanos del país para reclamar públicamente que así como nosotros nos movilizamos y llegamos a San Salvador de Jujuy con esa inmediatez, así debería actuar el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, para en lo más inmediato posible hacer cesar este ataque fatal que se está haciendo contra Milagro.
¿Por qué hablan de tortura?
La tortura tiene que ver con infligir un daño a una persona que está bajo dominio de otro, especialmente cuando eso ocurre a cargo de funcionarios estatales, y hay calificaciones jurídicas según la gravedad del daño. Se habla de apremios ilegales cuando las presiones y agresiones son leves, y después están los tratos inhumanos, crueles, degradantes, y los tormentos.
Cuando el daño que se busca infligir causa un muy serio dolor e incluso si pone en peligro la vida, la calificación es de tortura. Milagro Sala ha sido previamente puesta en una situación muy frágil desde el punto de vista de su salud mental, y con todo lo que le ha pasado en la cárcel ha motivado la conclusión de que no tiene que estar más en una cárcel.
A pesar de todo esto, se la traslada a una celda en estas condiciones sorpresivas, sin evaluaciones ni instancias confirmatorias, desde el tribunal, en la noche, de manera desprevenida para ella, para su familia y sus defensores, y se dispone el encierro inmediato, sin que pueda ir a buscar su ropa ni nada.
Eso es efectivamente decir “ya déjate de vivir, ya basta de que sigas existiendo”. Pero no lo vamos a permitir. Nosotros no queremos más muerte en Argentina por persecución política. Estamos lamentando y reclamando por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, por el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel.
¡Basta! Basta de provocar las muertes de las indias, de los indios de Argentina, de quienes reclaman por los derechos de los pueblos indígenas, por parte de la represión histórica que han cometido los dueños de todos los privilegios. Queremos viva a Milagro, queremos viva a Mirta Guerrero. No vamos a permitir que hagan esta prácticas homicidas.
¿Qué acciones puede encarar el Comité de Prevención Contra la Tortura a partir de este pedido?
El Comité es un órgano público, no de composición estatal sino plural, a los fines de una actuación independiente y eficaz. Está integrado por legisladores, gente que proviene del Poder Judicial y organismos de derechos humanos, además de otros mecanismos de control.
Es el organismo público que controla al Estado argentino respecto de sus obligaciones surgidas de la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura. En ese sentido es un órgano de aplicación del tratado que opera a nivel interno y con carácter permanente. Y como el Estado argentino lo ha organizado por ley, asumiéndolo así como derecho interno, tiene atribuciones muy amplias referidas a prevenir y tomar todas las medidas conducentes a que no se produzcan prácticas de tormento, y cuando están llevándose adelante, ponerles fin.
En ese sentido puede establecer procedimientos de control sobre establecimientos carcelarios, sobre la actuación de órganos de tribunales, de funcionarios policiales, de fuerzas de seguridad. Y si ve situaciones que efectivamente configuran el tipo de ilícito a los que refiere la Convención, puede disponer las medidas que sean adecuadas para poner fin a esa situación.
Y el Estado argentino tiene la obligación de cumplir con esas medidas, no solamente por la legislación interna sino que tiene a su vez una obligación internacional. Lo que el Comité establezca como eficaz para no dar lugar a las prácticas de torturas, tiene que ser seguido por el Estado argentino y desde ya por el Estado provincial de Jujuy.
Respecto de la situación de detención de Milagro Sala ya se pronunciaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la justicia de Jujuy interpretó esas recomendaciones a su modo. ¿Son tan opinables esos mandatos?
Los pronunciamientos de órganos nacionales como la Corte Suprema o internacionales como la Corte IDH no son cuestionables, no son tema de interpretaciones posibles.
Acá lo que ocurre es directamente el incumplimiento, la contumacia y el carácter recalcitrante en incumplir lo que están obligados a hacer, que era poner en libertad a Milagro Sala o, subsidiariamente, como una forma de cumplimiento más insatisfactoria, que permanezca en su hogar en condiciones de vida familiar hogareñas, no de hostigamiento.
Frente a eso, la Argentina y los funcionarios involucrados tienen una responsabilidad internacional. Y más allá de que eventualmente, cuando corresponda, ocurra el enjuiciamiento de los crímenes en los que están incursos Pullen Llermanos y varios más, lo que reclamamos es que el Poder Judicial de Jujuy tiene que ser intervenido, algo que ya tendría que haber ocurrido si hubiera a nivel nacional autoridades comprometidas en el respeto a la legalidad y de los derechos fundamentales. Porque este Poder Judicial está actuando flagrantemente y de modo impúdico contra la ley, contra las normas aplicables y contra los derechos y garantías fundamentales. Claro que en el ámbito territorial son la autoridad, y pueden comportarse de manera despótica, pero hay que ver qué hace la población para resistir a un déspota, a un comportamiento tiránico, y qué hacemos quienes no somos de la provincia de Jujuy para solidarizarnos con las compañeros y compañeras de Jujuy que se ven fuertemente perseguidos por el obrar abusivo de las autoridades locales.
¿Pasan cosas parecidas en otros lugares del país?
Las prácticas de tormentos de privación ilegal de la libertad y tormentos permanentes, regulares, las sufren jóvenes varones de piel morena que son indígenas o mestizos y que residen en barrios pobres. Ese grupo tiene el 95 por ciento de los casos que se alcanzan a registrar en Santa Fe.
Hay muchos casos en el año, fundamentalmente a cargo de la policía de la provincia y del Servicio Penitenciario. Esa es la realidad de nuestros pibes: el extremo abuso, la indefensión total, el desamparo total, no obstante todo el marco de derechos fundamentales y obligaciones internacionales. De vez en cuando tenemos el caso de un pibe o una piba de un barrio que ha llegado a la muerte o está desaparecido, y entonces emerge la instancia internacional.
La provincia de Santa Fe ha tenido ya cinco denuncias por tormentos seguidos de muerte o desaparición seguida de muerte. Lo singular en el caso de Milagro Sala es que no se trata de un pibe anónimo que solamente desarrolla una vida personal sin relevancia comunitaria, sino que se está llevando adelante respecto de una muy conocida y ampliamente influyente líder social y dirigente política.
Entonces en este caso se está haciendo como una forma de persecución política a una opositora muy importante. Y esta persecución no queda como una práctica secreta, ignorada, en el ámbito de una celda de una comisaría o de una prisión, sino que está involucrado, en forma ostensible y ante toda la población, el conjunto de instancias estatales, desde la gobernación pasando por el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario. Y se hace a pesar de todas las constataciones y denuncias.
¿Eso es lo que le da características especiales a la situación en Jujuy?
Claro. Todo el colectivo de movimiento de derechos humanos de la Argentina lo está denunciando, y no obstante eso se mantiene esa contumacia en llevar adelante esta persecución política. Acá lo inédito es que se está llevando adelante para destruir a toda una organización social y política que implica un desafío o puede implicar una alternativa de poder para la gobernación.
Eso sí no tiene muchas experiencias visibles en la Argentina, salvo en este período que se está dando tanto en Argentina como a nivel regional, donde el Poder Judicial ha pasado a desempeñarse como un vector de destrucción de la oposición.
Pasa en Brasil, donde fue destituida Dilma Rousseff, nada menos, con un golpe de estado, y se impide la posibilidad de que gane las elecciones el principal candidato de los sectores populares. Y está pasando en la Argentina, con un Poder Judicial desbocado, dirigido a la destrucción de los que se oponen a los gestores del neoliberalismo.
Entendemos que Jujuy es el laboratorio más duro de eso, de la utilización del Poder Judicial para desarmar y destruir a una importante organización social y política y destrozar a su principal referente y líder.
‘Brutal y degradante
Se ha instalado un sentido común según el cual la sola sospecha o acusación de corrupción alcanza para no solo para la condena social sino además para, por ejemplo, privar de la libertad. ¿Esto no desprotege a todos los ciudadanos?
Está instalado que simplemente el hecho de que se te caracterice como ladrón o corrupto habilita a que carezcas de derechos fundamentales y de garantías. Se te puede torturar, se te puede asesinar.
Esa sola estigmatización alcanza, Se ha impulsado tanto este tema, sobre todo mediáticamente, que nos cuesta mucho hacerle ver a la población que si alguien es acusado y debe ser investigado por un problema de desviación de fondos, malversación, etcétera, hay ciertos derechos que son innegables.
Incluso una vez condenado, también permanecen muchos otros derechos. Por eso es tan necesario desmontar esto, porque que alguien sea acusado de ladrón no significa que se lo pueda torturar.
El juzgamiento de los genocidas es un ejemplo en ese sentido.
Así es. Un ejemplo es la trayectoria del movimiento de derechos humanos de Argentina respecto a los genocidas. Y hablemos de los genocidas condenados, no de los que están en etapa de proceso. Es gente de la cual se ha establecido, con todas las garantías del derecho de defensa y en base a la máxima prueba, que son responsables de haber integrado una organización criminal que tuvo el máximo poder de todos los recursos de violencia, económicos, comunicacionales y psicológicos; el máximo del poder tiránico para cometer los crímenes más horrendos.
No solo la corrupción y el robo, que los practicaron a mansalva, sino que estamos hablando de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones, apropiación de niños. Sin embargo, respecto de estos genocidas que hemos condenado, nunca nunca nos planteamos que pudieran ser torturados, nunca nos planteamos ante un estado de salud la posibilidad de ver cómo agredirlos de modo de causarles la muerte. No se nos representa tal cosa, porque esa no es la concepción política y moral que tenemos en el movimiento de derechos humanos en Argentina.
Y digo más: ninguna de las personas que de algún modo dudan si hay que cuestionar o no lo que están haciendo con Milagro Sala, nos lo toleraría si supieran que a algún genocida le negamos la atención a la salud o agravamos las condiciones de modo que termine de morirse. Si hiciéramos eso, esas mismas personas dirían de nosotros que somos gente cruel, que nuestro compromiso con los derechos humanos es falso, que en realidad somos unos asesinos. Y lo dirían con fundamento.
Tendrían razón si actuáramos de esa forma. Y así es como se está actuando respecto de Milagro Sala: ante la acusación de una supuesta apropiación indebida de recursos públicos, que no está demostrada, se habilita torturarla; frente a su fragilidad de salud, se habilita atacarla de un modo que puede ser fatal, que le quite la vida.
Nada menos así de brutal y de degradante es la situación política que se quiere normalizar. Parece que quisieran que vivamos una nueva época en la Argentina en la que tomamos como normalidad que al opositor se lo caracterizo como ladrón, y por lo tanto se lo puede llevar a la muerte.
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