'En las próximas semanas se van a cerrar más de 300 casos, lo cual permitirá a las familias conocer qué sucedió a sus familiares y muchos podrán hacer entierros dignos', declaró a la prensa el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez (foto).
Precisó que esos casos corresponden a las regiones centroandinas de Ayacucho, Junín y Huánuco.
Aseguró también que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrolla acciones para resolver las más de 20 mil desapariciones forzadas registradas en la época de violencia política, pendientes de esclarecimiento en su gran mayoría.
Indicó que para el efecto el gobierno dará mayores medios y fondos para las investigaciones, pues 'queremos fortalecer todo el trabajo de la búsqueda de personas desaparecidas, una deuda pendiente del Estado, y atender a más de 20 mil personas que aún se encuentran en una situación de desaparición forzada'.
Resaltó el drama de miles de familias que siguen esperando saber del destino de sus seres queridos desaparecidos -muchos de ellos detenidos y torturados, según diversas denuncias- sin encontrar respuesta a lo que les sucedió.
Para el objetivo señalado, añadió Sánchez, se ha fortalecido la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas con el objetivo de acelerar los procesos y darles un enfoque humanitario, por lo cual el proceso de entrega de restos de desaparecidos encontrados se ha vuelto más ágil.
A la labor indagatoria se han sumado especialistas enviados a la región centroandina de Ayacucho, principal escenario de la política de violaciones de derechos humanos que según diversas denuncias se aplicó en la lucha contra grupos armados irregularidades entre 1980 y 2000, y otros territorios.
'La incertidumbre es probablemente el elemento más desesperanzador de mucha gente, porque no tienen certeza de lo que sucedió con sus familiares durante muchos años. Por esto es que se viene trabajando mejor para ir avanzando de manera adecuada', señaló el viceministro de Derechos Humanos del sector Justicia.
Al mismo tiempo, organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos demandan al parlamento una ley de creación de un banco de datos genéticos que permita aplicar métodos modernos de restos encontrados en fosas comunes y que corresponden con seguridad a desaparecidos.
Según cifras difundidas en 2017 por el Ministerio Público, de más de 20 mil desapariciones denunciadas, entre 2002 y 2007 se recuperaron restos de tres mil 462 víctimas, de las que solo se identificaron a dos mil 149, de los cuales mil 997 fueron entregados a sus familias.
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