La acusación a cargo del procurador Julio Conte Grand apuntó al conflicto de competencia entre lo penal y lo contencioso administrativo –principal objeto del jury contra Arias- y señaló especialmente las figuras de abuso de autoridad, mal desempeño, impericia, violación a las normas procesales y posibles delitos de acción pública.
Para la defensa quedó clara la parcialidad y el empecinamiento de Conte Grand, quien “no aplica la misma vara para los jueces y fiscales penales que efectivamente violaron la competencia del juzgado de Arias”. El miércoles 15 se leerá la sentencia a partir del mediodía.
“Ratifico en todos los términos los 21 cargos de la acusación y, sin perjuicio de que cada hecho investigado pudiera configurar aisladamente delito de acción pública, esta acusación solicita la inmediata destitución de Luis Federico Arias”, enfatizó al comienzo de sus alegatos el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, para quien el magistrado del fuero Contencioso Administrativo pretendió erigirse en “juez de jueces”, en “legislador” y en magistrado “que hizo lo que quiso” despreciando al fuero penal, a la división de poderes de la república” y “al sistema de justicia que lo nombró en su cargo”.
Estas acusaciones fueron acompañadas por la acusación con citas textuales de testimonios brindados por fiscales penales del departamento judicial La Plata en el juicio que decidirá el futuro del Juez Arias. En este sentido, Conte Grand Recordó que Jorge Paolini, ex titular de la UFIC 8, había dicho: “Me sentí auditado por el doctor Arias. No podía trabajar en paz. Nunca me había pasado algo así”, en el marco del conflicto de competencia suscitado luego de las trágicas inundaciones del 2 y 3 de abril de 2013 en La Plata.
Sobre los desalojos en Gorina, San Carlos y Abasto (hechos que forman parte de la acusación contra el magistrado), el Procurador afirmó que los fiscales y la policía siempre actuaron respetando los derechos de los ocupantes, y que el de Gorina se ejecutó luego de tres intentos de desalojo que fueron frenados en atención a las condiciones de salud de los ocupantes y a la presencia de niñas y niños.
“El acusado no puede seguir siendo juez de la Provincia”, sentenció la acusación. Desde esta perspectiva, el titular del Contencioso Administrativo 1 “desoyó” en varias ocasiones a la Suprema Corte respecto a no interferir en las investigaciones de materia penal, “y por eso la Corte tuvo que insistir en que lo vinculado con posibles delitos de acción pública se hallaba reservado exclusivamente a la esfera penal”.
Más de 2 horas duraron los alegatos acusatorios; luego expuso la defensa, que comenzó su intervención con un pasaje bíblico: “Señores jurados, viene al caso la cita ‘Por sus frutos los conoceréis’, porque algún día se conocerá la conducta y los resultados del juez Arias, quedando en evidencia el sentido de los reproches que aquí se ventilan”.
Durante casi 3 horas los abogados Analía Elíades y Marcelo Ponce Núñez rebatieron los señalamientos de Conte Grand haciendo especial hincapié en que los conflictos de competencia: “tal como lo ha ratificado en sus fallos la Corte Suprema y la justicia internacional, son conflictos de carácter jurisdiccional con sus propias vías de resolución. Es decir, no son hechos que deba examinar y juzgar este jurado de enjuiciamiento de magistrados”.
Según consignaron los defensores de Arias, ningún abogado ha realizado nunca un reproche formal contra la actuación del acusado, al mismo tiempo que el juzgado a cargo de Arias fue premiado durante 5 años consecutivos por el Colegio de Abogados bonaerense como el mejor juzgado del fuero Contencioso Administrativo de la Provincia.
También destacaron que, estando facultada para hacerlo, ni siquiera la Suprema Corte bonaerense formó parte de la acusación contra el magistrado mientras que -según los argumentos del Procurador- esa instancia judicial habría “insistido” y “ordenado” a Arias que se abstuviera de interferir en investigaciones penales: “La Corte no intervino en este juicio porque sabía que los conflictos de competencia no constituyen causales de destitución”.
Elíades y Ponce Núñez realizaron un pormenorizado análisis de los 21 cargos contra su defendido, destacando en todos ellos las contradicciones, las omisiones, las valoraciones arbitrarias y la diversidad de criterios -respecto a la intervención de magistrados y fiscales penales en comparación con el fuero contencioso administrativo- aplicados por la acusación.
“Señores jurados, es más que evidente que las acusaciones pierden peso frente a la cantidad y calidad de las pruebas en este juicio. Y sepan que cada vez que las personas requerían el acceso a la justicia sabían que tenían en Arias a un magistrado que recibía las causas y las resolvía”, agregaron.
En su petición, solicitaron la total y absoluta absolución del magistrado y la inmediata restitución en el cargo.
Finalmente fue el turno del propio acusado, quien advirtió a los 11 miembros del jurado de enjuiciamiento que “con este proceso están sentando un pésimo precedente. Lo más grave es que se está controlando el contenido ideológico de mis decisiones, cual comisariado político. Sepan que los derechos humanos no son excusas de mi actuación, sino estándares y criterios jurídicos aplicados con uniformidad en todos los casos, y que no pueden ser sometidos a un juicio de este tipo”.
“Querer controlar desde una perspectiva política las decisiones de un juez no puede ser admitido. Siempre he actuado de forma ecuánime y jamás interpuse mis intereses personales frente a los de la sociedad. Lamentablemente no ha sido así la actuación del Procurador, que no ha denunciado ni pretendido someter a un juicio de destitución a los fiscales, jueces y policías que cometieron irregularidades en los mismos hechos por los que se me investiga”, cerró.
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