“Destruyeron nuestra familia y aún hoy, 41 años después, mis padres siguen esperando que un día mis hermanos entren por la puerta”, concluyó Marcela.
El inicio de la audiencia del miércoles 5 de agosto se demoró por casi dos horas, hasta que ingresaron los magistrados Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Pablo Vega en medio de un sostenido aplauso del público en homenaje a Alfredo Manfredi, una de las víctimas del exCCD que funcionó en la sede de la Brigada de San Justo y que falleció el fin de semana luego de haber declarado en la audiencia del miércoles pasado.
La primera testigo de la jornada de ayer fue Marcela Inés Fernández, de 51 años, artista plástica y “nacida en una familia bien constituida”, como más tarde también definiría su hermano Gabriel para graficar, por oposición, el “daño y la destrucción de todo lo bello que era nuestro núcleo familiar”.
Tras 41 años de la tragedia, los Fernández continúan viviendo en una humilde vivienda de Villa Udaondo, partido de Matanza, situada en un barrio que a mediados de los 70 recién se conformaba. Levantada por el padre de Marcela, la casa se fue ampliando “habitación por habitación, cuando se podía, y por eso no hay un pasillo que conecte los ambientes sino que se continúan uno después del otro. Yo, como era la única hija mujer, tenía mi propia pieza”.
Ocurrió antes de la medianoche del 19 de septiembre de 1977. El perro comenzó a ladrar; dos vehículos estacionaron en la calle; finalmente, alguien golpeó a la puerta. Todos en la casa –la pareja y sus 4 hijos- estaban durmiendo porque al día siguiente, como todos los días, el padre debía salir a las 4 de la madrugada rumbo a la fábrica y los hijos rumbo a la escuela. Marcela, entre dormida y asustada, se asomó a la ventana y vio sombras.
“Les abrió mi padre y le preguntaron por un tal ‘Rulo’ Ramírez. Les dijo que no lo conocía pero igual entraron a la casa y anunciaron que se llevarían a mi hermano mayor, Alejandro, para hacerle algunas preguntas en la comisaría. Entonces papá les preguntó si podía acompañarlos, le dijeron que sí pero cuando se fue a vestir a su habitación los vehículos se fueron sin esperarlo”, describió Marcela ante los magistrados.
El hombre salió a la calle en dirección a la parada de micros y, desde allí, fue a la comisaría más cercana. Alejandro no estaba allí. Una hora después, mientras volvía caminando a su casa, frenaron a su lado un Ford Falcon y una camioneta de Aeronáutica, los mismos vehículos que habían estacionado en su casa.
-Quédese tranquilo que ahí le dejamos al nene -le informaron desde el Falcon
“Mi padre llegó a casa lleno de alegría y de tranquilidad, pero al entrar lo recibió mi madre con una noticia que él no podía haber imaginado: no sólo no habían regresado con Alejandro sino que en la segunda parada se habían llevado a Jorge Luis”, agregó.
Horas más tarde, en su testimonio ante los jueces del TOF 1, Gabriel recordaría que, mientras la patota se llevaba a Jorge Luis, él les preguntó si también lo llevarían a la comisaría. Como respuesta, recibió un tajante “No. Para vos todavía falta, chango”.
Desde aquella madrugada de septiembre de 1977, la familia Fernández nunca más recibiría información sobre el paradero de dos de sus integrantes. La madre de los jóvenes comenzaría un eterno peregrinar por destacamentos policiales de la zona, iglesias e instituciones estatales, y se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo luego de conocer a Nora Cortiñas.
El padre, por su parte, recorrería todas las bases militares de la provincia de Buenos Aires, y dejaría en cada lugar una nota con pedido de información sobre sus hijos Alejandro y Jorge Luis. Una de esas notas, en algún momento, fue respondida. Así lo recordó Gabriel durante su testimonio brindado el miércoles: “Llegó a casa una nota oficial a nombre de un coronel de Campo de Mayo, Raúl Galarza, en la que negaba tener datos sobre mis hermanos pero invitaba a mis padres a tener una reunión con él”.
“Esa reunión efectivamente ocurrió y lo que tenía para decirles el coronel a mis padres es que los secuestros habían sido motivados por las ideas y prácticas subversivas que mis hermanos realizaban en la escuela y por sus acciones pastorales con los curas de opción por los pobres que trabajaban con sectores humildes”, agregó. Alejandro y Jorge Luis debían encontrar el camino correcto.
Pasaron los primeros meses, luego los años y finalmente las décadas. Los padres de la familia Fernández siempre creyeron que algún día entrarían a su casa los hijos que, en las postrimerías de la fiesta de la primavera, en 1977, habían sido secuestrados por fuerzas de seguridad, tal como se presentaron aquella noche los miembros de la patota. Hoy, a 41 años, tienen más de 80 y la espera eterna ha impactado en su salud física hasta impedirles viajar a declarar en el juicio oral por la desaparición de sus dos hijos.
“A mis 10 años supe lo que es tener dos hermanos desaparecidos, sufrí la impotencia de no saber dónde ni cómo estaban y desde aquel momento vi a mis padres con expectativas contantes por encontrarlos”, afirmó entre lágrimas Marcela. Por su parte, Gabriel describió su adolescencia distinta al resto: “No pude hacer las cosas que hacen los jóvenes a los 14, 15 o 16 años. Siempre en la búsqueda, en el dolor y en la incomprensión de lo que estos tipos hicieron”.
Antes de finalizar su relato, Marcela miró a los jueces uno por uno y calificó como “una vergüenza que, tras haber esperado cuatro décadas para mirar a los ojos a las personas que nos arruinaron la vida, no sólo hoy no están en esta sala si no que tampoco están presenciándola por teleconferencia”.
En ese momento una de las abogadas querellantes pidió la palabra y exigió al presidente del Tribunal, Alejandro Smoris, que ordenara un cuarto intermedio hasta que estuviera garantizada la presencia de los imputados al menos por imágenes desde las unidades carcelarias en las que están detenidos.
-Sí, vamos a hacer un cuarto intermedio para restablecer la comunicación. No quise interrumpir a la testigo, pero hace un ratito que perdimos la conexión -intentó explicar el magistrado.
Al retomar, Marcela enumeró: “Hace una semana, mi madre me dijo que todavía los espera; mi padre hoy está postrado en una cama; ninguno de nuestra familia pudimos tener un duelo, un rincón de tierra donde llevarles flores. Todavía quiero creer en la justicia y por eso estoy acá. Si me movilizara la venganza -como los genocidas dicen- hubiera hecho exactamente lo que ellos nos hicieron”.
En cuanto al testimonio de Gabriel, explicó a los jueces que, un año después del secuestro y desaparición de sus hermanos, un día llegó a su casa una joven llamada Adriana Martín, compañera de escuela de Alejandro, con noticias para su madre: ella había estado en cautiverio en la Brigada de Investigaciones de San Justo, lugar en el que también habían estado Alejandro y Jorge Luis. Esa información luego la confirmarían con otros sobrevivientes.
“La justicia que necesitamos es una que pueda reconstruir algo del daño realizado. Por mis hermanos, por mis viejos, por los 30 mil compañeros desaparecidos, y también pensando en la juventud de hoy que tiene que tener derecho a expresarse libremente, a militar por sus ideales. Pero la justicia que le ha dado impunidad a los represores debe terminar. Los genocidas tienen que estar presos”, concluyó.
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