“No cumplir con las medidas es incompatible con la obligación de respetar de buena fe los procedimientos de las comunicaciones individuales establecidas en el Protocolo Facultativo”, advirtió el lunes el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de una carta dirigida a los abogados del ex presidente Luis Inácio Lula da Silva.
El Comité, que a mediados de agosto había hecho este mismo pronunciamiento, recalcó asimismo que Brasil no solo debe garantizar los derechos del encarcelado expresidente brasileño sino que debe mantenerlos hasta que el organismo decida sobre el fondo del caso.
En este sentido, el Comité solicitó a Brasil que no impida que Lula participe en las próximas elecciones presidenciales hasta que sus recursos ante los tribunales del país se resuelvan “en un proceso judicial justo”, a la condena del expresidente en primera y segunda instancias a 12 años y un mes de cárcel por presunta corrupción y lavado de dinero.
No cumplir con las medidas es incompatible con la obligación de respetar de buena fe los procedimientos de las comunicaciones individuales establecidas en el Protocolo Facultativo”, advierte el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de una carta en la que pide a Brasil garantizar el cumplimiento de los derechos del ex presidente Luis Inácio Lula da Silva como candidato
“Esto incluye tener un acceso apropiado a los medios de comunicación y a los miembros de su partido político”, precisó el Comité de la ONU y consideró estos procedimientos como esenciales para evitar daños irreparables a la víctima de la supuesta violación.
La ONU emite esta carta después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño denegara al candidato del Partido de los Trabajadores (PT) presentarse a las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre, una posición que reiteró en su carta como respuesta a una apelación de dicha formación.
Los abogados de Lula denunciaron el pasado mayo ante el Comité de Derechos Humanos al Estado brasileño por razones de persecución política, pero el dictamen al respecto no se emitirá hasta 2019 para permitir a todas las partes defender sus argumentos.
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