Un rato antes, Maximiliano había tenido una pelea con dos vecinos y agentes del Comando de Patrulla Comunitaria de San Isidro lo perseguían por ese hecho. El teniente Julio Céspedes, el último que lo vio con vida, dijo que el joven se suicidó.
La familia de Maximiliano asegura que fue un caso más de gatillo fácil. La causa casi no tuvo avances y, 31 meses después, los resultados de la pericia balística y el termotest no fueron incorporadas al expediente.
“Todavía creo en la justicia de Dios, pero ya no puedo creer en esta justicia corrupta”, dice Luis Vaquel, papá de Maximiliano. Hace 31 meses que perdió a su hijo y la justicia, la de los tribunales, no hizo nada para que Luis recupere un poco de fe en las instituciones del Estado.
La muerte y la instrucción posterior presenta tantas irregularidades como suele suceder en cualquier caso donde las fuerzas de seguridad están involucradas. Una escena del crimen que, durante las primeras horas, está bajo control absoluto de la misma policía; un fiscal que no impulsa la investigación y mantiene la causa sin actividad durante meses, incluso años; pericias que se realizaron pero no aparecen en el expediente y testigos amenazados.
Maximiliano tenía 24 años cuando murió por un disparo de arma de fuego el 29 de febrero de 2016. “Entregá al pibe porque te lo van a matar”, le dijeron a Luis los policías del Comando de Patrulla Comunitaria de la Policía Bonaerense que llegaron a su casa buscándolo. Un rato antes, Maximiliano había tenido una pelea con dos vecinos y herido a uno de ellos. Luis en la puerta le dice a los agentes que, sin orden judicial, no pueden entrar.
“Nosotros vivimos en una esquina, tenemos entrada por los dos lados y me querían entrar por una puerta y por otra, yo los paraba. En un momento, entro a casa y le dijo que se entregue, que no había hecho nada y lo íbamos a arreglar. Siento que alguien quiere entrar, cuando voy hacia adelante, Maxi se asusta y quiere salir por el fondo, se sube a la medianera; ahí lo ven los policías desde la calle, piden permiso al vecino de al lado para entrar y me lo matan ahí”, así, como una simple sucesión de actos concatenados, Luis cuenta la última vez que vio a su hijo con vida.
Antes del disparo mortal se escuchan varios escopetazos con postas de goma, cuando Luis quiere pasar le dicen que su hijo se suicidó. Un rato después comienzan a llegar patrulleros de la 9ª de Boulogne, dependencia donde prestaban servicio los policías que venían persiguiendo a Maximiliano, después más patrulleros de la comisaría de La Horqueta. En ese primer momento, empiezan a circular entre vecinos del barrio la foto del cuerpo sin vida del joven. El padre cree, está seguro, que fueron los mismos policías los que pasaron la foto.
Los compañeros y compañeras de Maximiliano se acercaron al lugar, “se levantó todo el barrio”, recuerda Luis. Los policías armaron un cordón para que no pase nadie, ni siquiera querían dejar pasar a la mamá del joven.
Cuando el titular de la UFI N 1 de San Fernando, Óscar Núñez Barreto, llegó al lugar dispuso la aplicación de la resolución 1390 y apartó a la Bonaerense de la investigación, para ese entonces ya habían pasado más de dos horas; durante ese tiempo, la policía tuvo control absoluto del lugar y comenzó a tejer su propia versión exculpatoria: el teniente Julio Céspedes dice que dio la voz de alto, que antes había disparado para disuadir porque Maximiliano tenía un arma, que el chico cuando se vio encerrado se suicidó. Luis no le cree.
La justicia de los despachos
Luis Vaquel vio cómo se llevaban a su hijo en una camioneta de la morgue judicial de Lomas de Zamora. Tan sólo 12 horas después, le avisan que ya puede retirar el cuerpo. En el camino entre la morgue y la cochería, el chofer de la ambulancia le dice que el “pibe tiene más de un disparo”. En la casa funeraria, Luis desnuda a su hijo y le saca fotos a todo el cuerpo: “Tiene, por lo menos, tres heridas de bala de goma, y el tiro de gracia en el occipital de derecho, detrás de la oreja, un disparo de atrás hacia adelante”. Esa información también está en la autopsia y es una de las pocas medidas de prueba que constan en el expediente.
Una vez que pasó lo que pasó, Luis se contactó con un concejal de San Fernando que le acercó un abogado. “Ese hombre me estafó, le di plata pero no movió ni un papel”, recuerda ahora, con bronca. Si el abogado de la familia no hizo nada por la causa, el fiscal Núñez Barreto mucho menos. Por más de dos años, la causa no tuvo novedades, siguió caratulada como “averiguación por causal de muerte”. La versión policial del suicidio se asentaba sin amenazas.
Ante la falta de respuestas, Luis se acercó a Noemí Vázquez, de la Asociación civil La Nona de la Cava, una de las tantas organizaciones que forman parte de la red de familiares de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y que, en estos últimos días, llevó la historia de Maximiliano Vaquel al XVII encuentro de Jóvenes y Memoria.
Luego de entablar contacto con Noemí, Luis cambió su abogado. Desde que Luis Igartúa asumió el patrocinio de la familia, la investigación judicial dio algunos pasos hacia adelante: se cambió la carátula del expediente a homicidio agravado. Cuando el nuevo abogado de la familia fue a pedir la causa, le advirtieron que “no se involucre más de lo que debía involucrarse”. Igartúa también pidió ante la fiscalía general de San Isidro el apartamiento del fiscal Núñez Barreto.
Al mismo tiempo, la CPM solicitó por escrito a la fiscalía que interviene nota circunstanciada sobre los avances de la investigación y copia de la causa, reiteró en más de una oportunidad el pedido por vía telefónica, nunca recibió respuesta.
31 meses después de la muerte de Maximiliano, las pericias balísticas y la prueba de dermotest —para saber si había rastros de pólvora en sus manos— que se ordenaron y realizaron en esos primeros días todavía no fueron incorporadas a la causa. Hay otro elemento de prueba que, inexplicablemente o no tanto, falta: en la escena del crimen no se encontró ninguna bala. Luis cree que la bala que mató a su hijo fue retirada de la escena antes de que llegue Gendarmería a recoger las pruebas.
Aunque no se encuentre la bala, Luis dice que la herida mortal desmonta la versión del suicidio: “El orificio de entrada tiene unos cinco cm de diámetro, pero el arma que encuentran en el suelo, la supuesta arma con la que se disparó era un calibre 22, es imposible que ese tipo de revólver produzca esa herida”.
Hay otro dato que inquieta a la familia. Desde que la causa comenzó a moverse, hace dos meses, Luis denuncia que Céspedes estuvo en el barrio “apretando” a amigos de Maxi, que otros testigos que habían dicho una cosa ahora no quieren hablar: “Sabés qué pasa, tengo cinco hijos, no quiero tener problemas”, le confesó un vecino.
Mientras la justicia escatima la verdad, Luis sigue viviendo con las fotos de su hijo: “Todas sus cosas siguen en su habitación”, dice. y Recuerda a Maximiliano como un pibe macanudo, que no dejaba tirado a nadie, que le daba una mano a quien podía, que trabajaba con él como pintor de obra. “Era un fenómeno”, agrega y se excusa: “Y no lo digo sólo porque era mi hijo”. Pasaron 31 meses, Luis todavía no puede entender por qué pasó lo que pasó.
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