La búsqueda no se detiene. Aún con los policías condenados a perpetua y a poco de que sus condenas queden firmes, quienes vienen batallando por saber la verdad, sobre la muerte y desaparición de Daniel Solano, van por lo que resta: condena para los encubridores, para los jueces y fiscales y una nueva búsqueda del cuerpo del joven.
La investigación por Daniel Solano destapó un entramado de corrupción policial, judicial, y empresarial que derivó en causas conexas que se tramitan en juzgados provinciales y federales.
Ahora que el Superior Tribunal de Justicia rionegrino confirmó la sentencia por homicidio agravado y el monto de la pena contra siete Policías, los abogados querellantes, que acompañaron a la familia Solano en los últimos siete años, se mostraron conformes con la resolución y afirmaron que seguirán impulsando las causas que faltan, así como la búsqueda de los restos del joven.
“Estoy conforme con el fallo. Dentro de los parámetros con los que se maneja la Justicia fue bastante rápido”, aseguró Leandro Aparicio, uno de los abogados patrocinantes. Destacó que, en caso de que los condenados presenten un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación -única instancia que les resta- “tendremos que impulsar que la Corte no tarde 4 o 5 años” en resolver.
Sobre las causas conexas, Aparicio explicó que se van a hacer planteos en el Poder Judicial de la provincia de Salta, provincia de Daniel Solano y desde donde los trabajadores eran captados para ser explotados en el Valle Medio rionegrino.
En tanto, existen expedientes ya abiertos en la justicia rionegrina para intentar determinar las responsabilidades sobre el entramado de explotación laboral, y complicidad policial y judicial. Aparicio recordó que existen denuncias contra el ex fiscal Guillermo Bodrato y el fiscal Daniel Zornitta “por tener las causas por estafas laborales y encubrimiento policial parada durante dos años”.
Por otro lado recordó que queda pendiente el pedido de detención del policía Tomás Vega. “Hay muchas pruebas contra él y sin embargo no pasa nada”, se quejó.
Los testigos que fueron parte del debate oral y público que concluyó el 1 de agosto pasado, lo señalaron como la persona que tomó las primeras declaraciones luego de la desaparición del joven, y lo ubicaron en el boliche Macuba, último lugar donde Solano fue visto con vida y de donde se lo llevaron los policías.
Vega también fue visto en Agrocosecha -la empresa tercerizada que captaba a los jóvenes para Expofrut-, la tarde en que los trabajadores cobraron su salario y descubrieron una estafa.
La misma situación planteó Aparicio para otros tres policías. Uno de ellos es Daniel Irusta (condenado por allanamiento ilegal en otra causa resonante, la desaparición y muerte del policía Lucas Muñoz), a quien lo acusa de ocultar información con la intención de encubrir a sus compañeros dentro de la fuerza.
Y finalmente, Raúl Aramendi, quien al momento de la desaparición de Solano se desempeñaba como comisario de la localidad de Lamarque, a quien se señala como el ideólogo del ocultamiento de pruebas e intento de desvío de la investigación.
“Hay otra causa en el Juzgado Federal de General Roca por trata de personas, que está paralizada y nosotros vamos a denunciar a los fiscales también”, recordó el abogado querellante.
Volver al jagüel
La búsqueda del cuerpo de Daniel Solano en el jagüel de la Estancia La Manuela, en cercanías a Choele Choel -señalado por un testigo de identidad reservada como el lugar donde se habría arrojado el cuerpo-, se logró después de cinco años e infinidad de trabas judiciales y burocráticas.
El operativo de búsqueda requirió maquinaria traída desde Tartagal, Salta, además de pelear por fondos del Estado y hasta hacer una colecta para financiar los trabajos.
Las tareas se iniciaron en el mes de enero de este año y para finales de febrero debieron suspenderlas. En ese tiempo, se comprobó que el lugar había sido adulterado. Pero el cuerpo de Solano no apareció.
Ahora se intentará nuevamente vaciar el jagüel. “Hay una suma de dinero comprometida por el Gobierno, tenemos que afinar bien la forma de bajar, que sea más casera, sin tanta maquinaria”, detalló Aparicio.
En ese sentido, explicó que al jagüel lo podrían haber inspeccionado con el ingreso de un “jagüelero”, pero la razón por la cual tuvieron que comprometer semejante despliegue “fue porque el Juez (Julio) Martínez Vivot dijo que era imposible el descenso humano, porque se iba a derrumbar. Luego pudimos probar que eso no era real, porque bajamos nueve veces”.
El Juez Martínez Vivot también fue denunciado por los abogados querellantes, por “obstrucción de la búsqueda” del cuerpo de Daniel Solano.
Por En estos días/ANRed
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