'Sergio Moro selló el destino de Brasil al aceptar ser ministro de (Jair) Bolsonaro. Fue la gota de agua', afirmó un miembro de esa comisión encargado de analizar denuncias que allí llegan, según destaca en el Blog de la Ciudadanía el respetado periodista Eduardo Guimarães.
El blogger recuerda que la primera denuncia hecha por la defensa del ex mandatario fue presentada a la ONU en 2016 y ya acusaba a Moro de violar los derechos de Lula.
'La defensa de Lula, entonces, contrató una oficina británica especializada en derechos humanos', indica.
Guimarães revela que 'el abogado Geoffrey Robertson cuestionó la imparcialidad de Moro y desde entonces, la defensa del ex gobernante viene argumentando que condenó a Lula porque tenía un proyecto político en mente'.
'En agosto el Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció una medida preliminar para que la Justicia Electoral brasileña permitiera que Lula fuera candidato y diera entrevistas a la prensa', apunta el comunicador.
Prosigue que en septiembre, sin embargo, el Tribunal Superior Electoral ignoró el tratado firmado por Brasil y negó a Lula el derecho que la Constitución faculta a todos los brasileños de ser considerados inocentes hasta que no exista más posibilidad de recursos judiciales'.
Para el periodista, 'la adhesión de Moro al Gobierno de Bolsonaro tras adoptar medidas como juez, durante la campaña electoral, para perjudicar al candidato presidencial Fernando Haddad, usando el nombre del ex presidente, al liberar la delación de Antonio Palocci, comprueba que la denuncia hecha por Lula en 2016 era verdadera'.
'Brasil será sancionado por la ONU al final del primer semestre de 2019. El castigo consistirá en la condena al Estado brasileño por la persecución política de un expresidente de la República y entonces líder de la oposición para influir en el proceso electoral de 2018', vaticina el reconocido blogger.
A inicios de noviembre, Moro relegó sus explicativas aserciones de hace dos años, cuando dijo estar bien lejos de la política, y dio el sí a la invitación de Bolsonaro, para que el 1 de enero encabece el Ministerio de Justicia.
En este nuevo escenario, la defensa de Lula presentó ante el Tribunal Supremo Federal un nuevo hábeas corpus (recurso) en el que piden la puesta en libertad del exlíder obrero tras quedar en evidencia la parcialidad política de Moro.
Mediante un comunicado, los abogados del exjefe de Estado explicaron que con esta acción buscan conseguir la nulidad del proceso y la libertad de su defendido, acusado por supuestos actos de corrupción.
'Lula es víctima de una verdadera cacería judicial por parte de un agente togado que utilizó indebidamente expedientes jurídicos para perseguir políticamente a un ciudadano, buscando anular, una por una, sus libertades y derechos', indicaron los juristas defensores.
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