“La resolución no delimita de forma concreta las zonas de exclusión, apenas si esboza sectores de amortiguamiento, cuyo control queda a criterio de las buenas prácticas de los productores, una situación por demás peligrosa” explicó la abogada patrocinadora, Florencia Casamiquela en diálogo con Letra P.
“Existen factores que inciden negativamente en las poblaciones aledañas a las escuelas rurales y por más que se fumigue en horarios especiales y fuera del tiempo de clases el tóxico puede seguir en el aire y tiene absorción vertical que contamina gravemente a la comunidad y cuyas consecuencias se ven a largo plazo” remarcó Casamiquela.
El recurso presentado pretende que se dicte la nulidad del ese acto administrativo impulsado por el gobierno y en consecuencia se planten límites invocando el carácter preventivo que siempre debe tener el Estado.
La intención, según remarcan los denunciantes, es preservar la salud de los pobladores, a través de la no fumigación en zonas de población, escuelas y en los cursos de agua.
La resolución no es obligatoria para los 135 municipios de la provincia sino que funciona como parámetro para guiar a las futuras ordenanzas, y hasta corregir las existentes. El reclamo que se hace desde sectores docentes rurales es que deja la práctica de la fumigación y el control en manos de quienes explotan esa herramienta para su beneficio.
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