Por su muerte fueron imputados de homicidio Darío y Lucas Leiva, dos jóvenes que la familia considera son inocentes, y los policías Gustavo Bulacio, Ramón Quevedo, Pedro Moya, Ricardo Barrera, Guadalupe Acevedo, Ricardo Varela, Jorge Montivero, José Sotomayor y Claudio Nieva, el médico de policía Duilio Gallo Canciani por vejaciones e incumplimiento de funcionarios públicos. A casi siete años aún no hay fecha para el inicio del juicio oral.
El 11 de marzo de 2012 Diego Pachao, de 20 años, fue detenido junto a Lionel González, vecino y amigo del barrio y los hermanos Darío y Lucas Leiva por una supuesta pelea entre ellos. Todos fueron trasladados a la Comisaría Séptima de la ciudad de Catamarca
Esa noche su madre, Claudia Véliz le llevó comida y le solicito a la policía María Guadalupe Acevedo que se la diera. Ella entró al lugar y le dijo que Diego “está profundamente dormido, no lo puedo despertar”. Durante la madrugada la policía trasladó en ambulancia a Diego hacia el hospital San Juan Bautista, vomitando sangre, casi inconsciente según el relato de los testigos. Con el correr de las horas su estado de salud fue empeorando, estuvo en coma y dos días después falleció.
En su momento los fiscales Marcelo Sago y Miguel Mauvecin entiendieron que lo que causó la muerte de Diego Pachao fueron los golpes recibidos en la cabeza que Darío y Lucas Leiva le propiciaron en la pelea callejera. A su vez, solicitaron la imputación de los nueve policías que estaban esa madrugada en la comisaría por “incumplimiento de deberes de funcionario público” y del médico de policía Duilio Gallo Canciani quien había certificado que Pachao entró en buen estado de salud a la dependencia aquella noche.
Esta versión nunca fue creíble para la familia de Diego y desde entonces solicitaron el cambio de carátula de la causa a “torturas seguidas de muerte”. Ellos creen en la versión de vecinos testigos que afirman que Diego intentó detener la pelea callejera entre su amigo y los Leiva, que no recibió heridas cortantes en la calle, que fue trasladado por la policía. Luego, dentro de las instalaciones de la dependencia, fue salvajemente golpeado, torturado por personal policial.
A fines del año pasado el juez de Garantías Ramón Porfirio Acuña confirmó la elevación a juicio de la causa pero durante estos años negligentes donde hubo manipulación de pruebas, declaraciones de testigos falsos, la acusación original fue modificada y fueron sobreseídos varios de los imputados.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al pedido fiscal de sobreseimiento por la prescripción de la acción penal de los policías Pedro Moya y José Sotomayor al entender que no tuvieron responsabilidad en el hecho.En base a esta resolución en abril 2018 que hizo lugar al sobreseimiento del médico de policía Duilio Gallo Canciani por prescripción; la abogada defensora oficial de Gustavo Bulacios y Claudio Nieva realizó la misma presentación y Acuña hizo lugar al planteo y ordenó el sobreseimiento de ambos imputados.
Por su lado los abogados defensores de Ramón Quevedo y Guadalupe Acevedo hicieron lo propio y, consecuentemente con lo resuelto con Bulacios y Nieva, el juez volvió a declarar extinguida la acción penal.
Finalmente el doctor Acuña confirmó que por la muerte de Diego sentará en el banquillo a cinco acusados: los hermanos Darío y Lucas Leiva imputados por el delito de homicidio preterintencional y los policías Ricardo Darío Barrera, Ricardo Varela y Jorge Montivero, imputados por el delito de vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En paralelo ordenó el sobreseimiento por prescripción de Bulacios, Nieva, Quevedo y Acevedo.
“A mi hijo no lo arrestaron en una pelea callejera, a mi hijo lo arrestaron junto a unos amigos y momentos antes, su amigo Lionel González había tenido una pelea en la calle con los hermanos Leiva y mi hijo intervino para separarlos. En esa pelea, lo cuentan bien los vecinos, no hay ensangrentados, no hubo patadas, como luego dijeron los policías”, dice y repite Claudia Véliz mamá de Diego. “Nosotros sabemos que del poder judicial no podemos esperar nada y no podemos confiar en ellos. Menos cuando se trata de un organismo que es del mismo estado, en este caso, la policía. Si a esto sumamos que somos familias pobres las causas no se resuelven. En Catamarca la policía es impune”, afirma.
Este sábado 26 de enero se cumplen 10 años del asesinato de Luciano Arruga. Desde hace años la Asociación de familiares y amigos de Luciano organiza la “Marcha por el Derecho a Saber la Verdad” para recordar a Luciano, para seguir gritando que lo mato la Policía y lo desapareció el Estado. En este aniversario invitaron a reunirse y participar de la jornada a decenas de familiares de casos en donde los derechos de las personas fueron vulnerados por el accionar de las fuerzas de seguridad.
Claudia, como muchas madres y familiares, estará presente.”Todo lo que nos paso a nosotros como familia es un dolor que no le deseo a nadie. Es un dolor que no calma con el pasar de los años, por el contrario. A ese hijo, esa persona que te sacaron la seguís necesitando. Su papá murió sin que se hiciera justicia. Juntarnos nos fortalece, unidos las cosas son diferentes. Yo admiro mucho el trabajo que viene haciendo Vanesa, Mónica y todos los que forman parte de estas actividades. En Catamarca estoy muy sola. Quiero por eso agradecer y felicitar a cada mamá, a cada familiar que sigue en la lucha y decirles que pase lo que pase, no bajen los brazos porque de esa manera ellos y ellas seguirán matando, seguirán violando y haciendo lo que quieren con la vida de nuestros jóvenes”, concluyó Claudia.
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