El anuncio de la compra de pistolas Taser por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación resulta incomprensible cuando la transferencia de los más de 19 mil efectivos federales a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, significaría un mayor desempeño en la especialización, la investigación, el delito complejo y la lucha contra el narcotráfico.
A su vez, la confirmación del Ejecutivo porteño de sumarse a esta iniciativa e incorporar estas armas en los subterráneos, no sólo arroja más confusión, sino que parece estar más vinculado a spots de campaña política que a una política clara de seguridad.
El debate sobre la inclusión de estas armas se inició con la creación de la Policía Metropolitana, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño, con una licitación para sólo utilizarlas en casos especiales.
Bajo estas circunstancias, su adquisición debe acompañarse de un debate profundo sobre los protocolos, los programas de capacitación y entrenamiento, y la normativa relativa a la adecuación del desempeño policial. Su incorporación, no pone más que en manifiesto la existencia de vacíos en los mismos.
Está comprobado que en distintas oportunidades este tipo de armamento ha producido serios daños a personas contra las que se las usó.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura señaló que no dejan de ser una forma de tortura y que causan dolores extremos. También los distintos organismos de derechos humanos, que tienen una postura similar respecto a los daños físicos y psicológicos que éstas producen, reaccionaron ante esta situación al sostener que se trata de un elemento de tortura como el de las picanas utilizadas en épocas de dictadura.
Esta medida se adhiere al polémico Reglamento del Ministerio de Seguridad, que busca convalidar prácticas policiales contrarias a los estándares y acuerdos internacionales como lo es el disparo intimidatorio o el uso de la fuerza letal contra una persona que huye. Constituye un peligroso efecto sobre el accionar judicial para que no investiguen los casos de gatillo fácil.
Por otra parte, en los medios se difundió la intención de enviar al Congreso un proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil, que incluye bajar la edad de la imputabilidad de los menores.
Así es como se siguen corriendo los límites en el uso de armas de fuego y la respuesta punitivista pareciera marcar la agenda.
* Es defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires especialista en temas de Seguridad, ex legislador porteño
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