Según una nota publicada ayer, "los bonistas europeos pasaron al ataque y ya recurrieron al poder judicial de Bélgica con acciones contra las entidades financieras que no procesaron los pagos que realizó la Argentina".
La nota indica que en un documento presentado la semana pasada ante el juez Griesa, el equipo legal de los acreedores advirtió sobre esta decisión y especificó que tanto la ley belga como la de Luxemburgo hacen inaplicable cualquier orden judicial que pretenda restringir la distribución del dinero.
"Los tenedores de bonos europeos iniciaron litigios en Bélgica contra Euroclear y el Bank of New York Mellon Bruselas para obtener una orden que confirme que los mandatos judiciales (emitidos en Estados Unidos) son inaplicables en ese territorio", planteó Christopher J. Clark, abogado de los bonistas, en la página 16 del documento.
Los fondos involucrados son Knighthead Capital Management, Redwood Capital Management, Perry Capital, VR Global Partners, Monarch Master Funding, Silver Point Capital, QVT Fund, Quintessence Fund, y Centerbridge Partners, cada uno en representación de sí mismo o de un grupo de fondos manejados o aconsejados por estos.
El argumento central utilizado por los bonistas es que el parlamento belga aprobó una ley en 2004 modificando la implementación de un acuerdo continental de 1999 para evitar una situación similar a la actual, pero con los bonos reestructurados en Nicaragua.
En esa ocasión, la entidad presionada judicialmente también era Euroclear, pero los legisladores de Bélgica fueron más allá y elaboraron un sistema por el que cualquier otra entidad financiera tanto belga como europea no puede ser limitada en su tarea de distribuir pagos.
"El propósito de la ley belga es salvaguardar la liquidez de los mercados financieros, garantizando que las cuentas de liquidación de los acuerdos estén libres de obstrucciones", explicó el representante de los acreedores europeos.
En tanto, el abogado del estudio Latham & Watkins también apuntó que la ley de Luxemburgo se pronuncia en el mismo sentido y prohíbe los mandatos judiciales contra la distribución de los fondos por parte de Clearstream.
El artículo 15 de la Ley de Valores del país establece que no se puede forzar ningún movimiento con respecto a las cuentas atadas a los bonos protegidos por los acuerdos europeos.
Si la situación no es aclarada, se hará imposible que las entidades financieras cumplan simultáneamente con los fallos judiciales y con sus obligaciones contractuales bajo ley extranjera, con lo que estarían enfrentando litigios adicionales y juicios inconsistentes.
"Esta corte puede evitar esas complicaciones clarificando que Euroclear, Clearstream, BoNY Bruselas y BoNY Luxemburgo están excluidos del ámbito de aplicación de las acciones judiciales, y dejando en claro que estas no están dirigidas al procesamiento del pago de los eurobonos que sólo involucran partes extranjeras, moneda extranjera y tienen lugar fuera de los Estados Unidos", agregó el abogado.
El jueves pasado, el Gobierno argentino intimó a los intermediarios financieros a que arbitren los medios necesarios para completar y distribuir el pago realizado por la Argentina a los bonistas de los canjes de la deuda 2005 y 2010.
Según entiende la Argentina, son obligaciones del agente fiduciario, el Bank of New York (BONY), y de Euroclear, de pagar y de distribuir, respectivamente, los fondos a las cuentas de los acreedores de la Argentina.
A través de sendas notas, advirtieron a las entidades que Argentina se reservará todos los derechos y realizará acciones legales que estime pertinentes, a efectos de forzar el cumplimiento del contrato de canje argentino, según fuentes a las que tuvo acceso Télam.
La Argentina considera que su obligación con los bonistas del canje fue zanjada una vez que depositó el dinero en las cuentas de la filial del BONY en Buenos Aires en el Banco Central (el Bank of Ney York Mellon), en el marco del Trust Indenture de fecha 2 de junio de 2005 modificado el 30 de abril de 2010.
