La denuncia será presentada hoy viernes ante la Cámara Federal por el abogado Eduardo Barcesat y está dirigida contra los legisladores Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Fernando "Pino" Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti, Diego Santilli y "todo otro senador" que haya suscripto ese acuerdo.
El letrado acusa a los parlamentarios por el delito previsto y reprimido en el segundo párrafo del artículo 230 del Código Penal que castiga con penas de uno a cuatro años de prisión a quienes "se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de funcionarios nacionales o provinciales".
En una presentación de cinco carillas, a la que Télam tuvo acceso, Barcesat sostiene que "ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional" de proponer al candidato a ocupar la vacante que dejará Eugenio Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia.
"No amerita mayor detenimiento el texto claro, sin ambigüedades del precepto constitucional que establece la incumbencia constitucional de proponer a los integrantes del Poder Judicial de la Nación cuyo nombramiento opera con acuerdo del Senado que requiere la aprobación del candidato con el voto de los dos tercios de los miembros presentes", sostiene.
El abogado entiende que se está frente a un "alzamiento público para impedir la ejecución de leyes nacionales" y sostiene que "no hay ningún espacio en la dogmática jurídica que pueda dar sustento al obrar descripto" ya que "las vacancias son para ser cubiertas no para convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes que conforman el gobierno federal".
Barcesat añade que "la conducta denunciada es igualmente lesiva de las disposiciones que conforman el carácter representativo" del gobierno federal y "denigra la jerarquización constitucional de los partidos políticos que son instituciones fundamentales del sistema democrático".
"Nadie que, en papel milimetrado, se hubiese propuesto diseñar un acto afectatorio de la institucionalidad podría haber superado el oprobio de este obrar", enfatiza al tiempo que añade que "peor aún, intenta oscurecer el carácter delictivo del obrar con la falsa invocación de proteger la independencia del Poder Judicial de la Nación".
De acuerdo a las normas procesales, la Cámara Federal deberá sortear el juzgado que habrá de intervenir y el fiscal que deberá actuar, a quienes Barcesat reclama que citen a "prestar declaración indagatoria a los encartados" y que "decrete sus procesamientos y embargo suficiente sobre sus bienes".
