“La presencia del Estado del cual provino la violencia y que ahora llama para acompañar después de pedir disculpas asumiendo la responsabilidad histórica y sus consecuencias actuales, es en general muy bien recibida”, consideró la psicóloga que dirige el organismo, entrevistada por Télam.
Desde su creación en 2010 y luego de la ampliación de facultades que lo habilitan a asistir también a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos en democracia, el centro ubicado en el microcentro porteño cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y de la salud que acompaña a testigos y familiares en los juicios de lesa humanidad.
“Víctima y núcleo familiar forman parte de lo mismo porque nadie dudaría que las Abuelas, las Madres o los Familiares también son víctimas, y lo mismo ocurre con la violencia proveniente de fuerzas de seguridad durante la democracia”, dijo la psicóloga al explicar que además de acompañar en juicios contra la impunidad, brindan asistencia a los testigos del juicio por la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001.
La tarea con las víctimas y sus familiares se diversifica en las provincias con una red local compuesta por personal de salud pública, psicólogos, representantes de organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos provincial que interactúa con el equipo funciona en el Centro.
“Son el recurso más potente y genuino porque hay un conocimiento de la realidad del lugar muy valioso”, opinó Calmels sobre la red que ya actúa en las provincias de Córdoba, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Mar del Plata y que comenzó a articularse en Catamarca y en San Rafael, Mendoza.
El acompañamiento a las víctimas y a sus familiares desde el Centro Ulloa se complementa con el Plan Nacional de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia creado a partir de la desaparición de Jorge Julio López, en septiembre de 2006, días después de haber testimoniado contra su torturador, el ex comisario Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua.
“Tenemos cuidado de que la situación de testimoniar no signifique anular a la persona como sujeto porque es lo que el Terrorismo ha producido: hacer de la persona un objeto, y nuestra tarea es contribuir a que el pasaje por la Justicia los vuelva a ubicar en el lugar de sujetos con derechos”, advirtió Calmels.
El trabajo cotidiano, previo a la iniciación de un juicio, comienza con el Ministerio de Justicia que notifica a las víctimas para dar lugar a los profesionales del Centro Ulloa que realizan el primer contacto, salvo que, por pedido del Tribunal, intervenga en el período de instrucción de la causa.
“Nos ocupamos de saber cómo está, contarle en qué consiste nuestro acompañamiento y evaluamos si está en condiciones de declarar porque en algunos casos puede ocurrir que dar testimonio podría revictimizar a la persona y resultar una situación muy perturbadora que genera un alto grado de angustia”, aclaró.
Sin embargo, Calmels sostuvo que “en general hay voluntad de declarar” y destacó que la sociedad “esperó muchos años que los juicios lleguen, aunque no es lo mismo contar lo vivido en familia a que se transforme en una prueba para juicio y castigo”.
En las entrevistas previas, los especialistas buscan anticipar algunas situaciones perturbadoras y entre ellas, la terapeuta detalla “tener frente a frente a los represores que los torturaron o violaron” y que “pueden impedir la posibilidad de construir su relato”.
En la misión de transformar la carga pública de un testimonio en un derecho, Calmels remarcó que la declaración de la víctima implica “revivir algo, volver a entrar en contacto en lo personal con la historia social a niveles de violencia muchas veces inimaginables”.
“Hay una manera de entender y de entrar en relación con la víctima donde es muy importante no pensarla como un sujeto pasivo que hay que tutelar y cuidar como alguien incapaz”, sostuvo la psicóloga.
Desde que se iniciaron los juicios a los represores, son crecientes los testimonios tanto de mujeres como de varones que denuncian haber sido víctimas de delitos sexuales, y eso se manifiesta, por ejemplo en el juicio por los crímenes cometidos en Mansión Seré y la zona oeste, en donde aparecen en forma sistemática y la exposición a la que están sometidos los testigos requiere, según Calmels, de algunas recomendaciones.
“Es una experiencia de terror muy impactante que incluso la víctima ni siquiera habla en contextos terapéuticos, a veces por cuestiones vinculadas con la vergüenza”, analizó la especialista que dirige el Centro Ulloa, designado así en homenaje al reconocido psiquiatra fallecido en 2008.
Destacó la importancia de “pensar cómo acompañar a una víctima a hablar para que se vuelva reparador y no sea traumatizante nuevamente”, y coincidió con su colega Laura Vázquez, especializada en violaciones a los derechos humanos en democracia, en que la violencia sexual “está cobrando cada vez más identidad como un delito particular y no como un agravante de crimen de lesa humanidad”.
“Para algunas personas no resulta aliviador relatar esos hechos porque prefiere desconectarse de ese momento o mantener distancia, y un juicio convoca a entrar en contacto con eso”, explicó Calmels.
En esta dirección, indicó algunas sugerencias tendientes a que “la víctima pueda tomar ciertas decisiones como que el testimonio sea tomado por alguien del mismo sexo, si prefiere que haya público en la audiencia, que esté presente el imputado o que se realice por teleconferencia”.
El Centro Ulloa cuenta con un espacio terapéutico para la víctima pueda procesar su historia más allá del período que dura el juicio.
“No hay tiempos ni tratamientos especificos pero pensamos que es necesario que la víctima encuentre a alguien que comprenda ideológicamente de qué se trata este tipo de violencia”, aclaró la directora del organismo.
