"La presentación judicial del Grupo de los Seis sobre la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo excede ampliamente el cuestionamiento a la letra de tal proyecto", indicaron los analistas a Télam.
Destacaron que "la resistencia de los defensores del establishment económico local está ligada a la posibilidad de perder privilegios a partir de una mayor regulación estatal en la economía, en este caso tratándose de las cadenas de producción-industrialización-comercialización".
Señalaron que "la ley apunta a equiparar entre quienes tienen poder y privilegios, con quienes no lo tienen", y añadió que la legislación "defiende a los consumidores y a aquellos pequeños y medianos empresarios que suelen pagar los 'platos rotos' cuando el poder económico avanza con políticas de concentración o presionando por devaluaciones bruscas".
"Al margen de la grandilocuencia de las intervenciones de actores supuestamente afectados, la resistencia a la propuesta reside en impedir normativas que permitan tanto a los consumidores como al Estado neutralizar las prácticas abusivas de actores concentrados que, tanto en la esfera de la producción como de la comercialización, han podido históricamente incrementar su margen de ganancia a través de distintas estrategias, pero particularmente mediante aumento de precios", remarcaron Strada y Letcher.
Afirmaron que los integrantes del G6 "manejan los precios en la cadena de producción y comercialización por la concentración que tienen", y precisaron que "en la Argentina hay 70.0000 empresas chicas y medianas, y sólo 5.000 grandes".
