Así lo afirmó el director ejecutivo interino del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Jorge Irizarry Vizcarrondo, en el Primer Simposio sobre Acceso a la Información Pública y Documentos Confidenciales realizado el pasado jueves en la sede del Archivo General en Puerta de Tierra.
La juez Migdalia Fraticelli Torres, quien fue directora ejecutiva del Centro para Disponer de las Carpetas, dijo que éstas sobrevivieron dos intentos para ocultar el acceso público a las mismas, destruirlas y censurar las acciones ilegales de las autoridades que ocurrieron durante décadas y destruyeron familias, sueños olímpicos, carreras profesionales y hasta oportunidades académicas para muchos de los perjudicados.
Fraticelli Torres mencionó que en el proceso de examinar los expedientes en el referido Centro, los abogados de los demandantes en el caso descubrieron documentos en los que la propia Policía de Puerto Rico reconocía la ilegalidad de la práctica.
Por su parte, José Javier Colón Morera, director ejecutivo de la Fundación Juan Mari Brás, denunció que los patronos gubernamentales y privados consultaban las carpetas para decidir si reclutaban o rechazaban una solicitud de empleo de algún candidato o su posible acenso.
Irizarry Vizcarrondo elogió la labor de Karin Cardona de Jesús, directora del Archivo General, quien logró que dicha entidad obtuviera en el año 2005 la custodia de las carpetas que nunca fueron reclamadas por los ciudadanos perjudicados por la Policía de Puerto Rico por ser independentistas.
Cardona de Jesús señaló al Centro de Periodismo Investigativo que el reglamento para poner a la disposición del público debe ser aprobado en los próximos días, por lo cual los expedientes que están organizados, que son cerca de la mitad de los que están en poder del Archivo General, estarían disponibles para examen físico en las próximas semanas y el resto para el verano.
Agregó que los documentos, que además de las carpetas incluyen fotografías, vídeos, audios, materiales audiovisuales, los cursos de la Policía de Puerto Rico para que los agentes encubiertos se infiltraran en las organizaciones independentistas, informes semanales de la División de Inteligencia de la Uniformada al entonces gobernador Carlos Romero Barceló y otros expedientes, serán digitalizados a partir de noviembre para que también estén disponibles en formato computadorizado.
Indicó que el Archivo General ordenó la compra de los equipos para digitalizar los materiales y cuenta con el apoyo de las ramas Ejecutiva y Legislativa para reclutar los técnicos que tendrán a su cargo el proceso de reproducir los documentos en el Centro de Digitalización para este y otros proyectos.
Cardona de Jesús aseguró que los documentos y materiales se encuentran en excelente estado porque fueron conservados adecuadamente durante los diez años que estuvieron bajo la custodia de la Administración de los Tribunales y fueron transferidos físicamente a sobres para esos fines y luego conservados en las condiciones apropiadas de controles de humedad y temperatura en los diez años que han estado en poder del Archivo General.
La funcionaria atribuyó la tardanza de diez años en hacerlos disponibles para el escrutinio público a la falta de la aprobación de un reglamento, gestión que se interrumpió en el año 2008, cuando ella renunció al Archivo General, y retomó en el 2013, reactivando el comité a cargo de dicha función.
Para estas funciones, ha contado con contribuciones de entre $10,000 y $15,000 en diferentes ciclos anuales del Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos (ADAI).
Mencionó que el Archivo General cuenta con entre 6,000 y 7,000 de los más de 10,000 mamotretos creados por los agentes policiacos, de los cuales aproximadamente 3,000 fueron devueltos a los perjudicados antes de llegar al Archivo. Pero no se tomó la previsión de digitalizarlos antes, según reconoció durante el simposio la juez Migdalia Fraticelli Torres.
Cardona de Jesús destacó que han solicitado a los perjudicados por la elaboración de las carpetas que los donen al Archivo General o se los presten para digitalizarlos para que puedan estar disponibles al público en general, historiadores e investigadores.
Por su parte, la Fundación Juan Mari Brás digitalizó sobre 15,000 folios preparados por la Policía de Puerto Rico y 4,000 del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) durante el espionaje de las actividades del líder independentista, su familia y sus allegados, los cuales están disponibles en el portal cibernético http://juanmaribras.org/.
El Archivo General fue designado en el año 1955 como depositario oficial de todo documento público o privado y responsable de su custodia, conservación y difusión.
*Por Waldo D. Covas Quevedo, Centro de Periodismo Investigativo, Puerto Rico (Especial para Reporte Sur)
