El fiscal Leonel Gómez Barbella, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5 de Capital Federal, presentó hoy el pedido de apelación a la resolución del juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales a Infojus Noticias. La resolución rechazaba el pedido para que Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Raymundo Pio Podestá y Guillermina Gainza Paz fueran sometidos a declaración indagatoria por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa que investiga la compra bajo presión y tortura de la empresa Papel Prensa.
En su fallo del 12 de marzo Ercolini sostuvo que hasta el momento "no existe" un "cuadro objetivo de probabilidad" sobre la comisión del delito y que para ello hay medidas probatorias aún pendientes.
Según expresó Barbella en el escrito presentado hoy la decisión tomada repercute de forma directa en la labor del Ministerio Público Fiscal y condiciona su actuación. A esto se le suma que el caso “reviste una cuestión de gravedad institucional que justifica la procedencia del recurso de apelación para la intervención del a Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”. En este sentido el escrito recalca: “resulta evidente que el pronunciamiento puesto en crisis involucra un planteo de gravedad institucional que podrían lesionar derechos que requieren la inmediata tutela, tal como es el derecho de la sociedad a erradicar la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos por militares o civiles durante el gobierno de facto”.
“Desde ya adelanto que de ningún modo comparto los argumentos ni el decisorio que llevaron a que se disponga el rechazo de tal pedido respecto de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Raymundo Pio Podestá y Guillermina Gainza Paz”, expresó el fiscal en la apelación presentada.
“La abundante prueba existente en la causa que avala la imputación formulada por esta Fiscalía y las querellas en este caso, es más directa y de mayor poder convictivo que la existente en otras causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado que se tramitan en este fuero, en las cuales ya personas imputadas y procesada”, sostuvo.
Maniobras extorsivas
Para la Fiscalía, la celeridad en avanzar con la investigación a través de las indagatorias es determinante para poder dar pasos hacia adelante y tratar de alcanzar la verdad en torno al caso Papel Prensa. “Desde el inicio de la causa en 2010, ya han fallecido cinco imputado, mientras que desde que la causa quedó radicada definitivamente ente el Juzgado Nº 10 se han recibido solo cinco declaraciones testimoniales”.
El fiscal cuestionó la decisión del juez de instrucción de poner como eje de la investigación al peritaje que intenta determinar si el precio pagado por Papel Prensa fue adecuado o no “como si el hecho se tratara de una simple transacción comercial o financiera entre partes libres, dedicadas a hacer negocios en tiempos de estabilidad institucional y democrática”. En este sentido, Ercolini en su fallo sostuvo que aún están pendientes medidas de pruebas que fueron solicitadas para tratar de probar los hechos que se investigan. Entre esas medidas está la “tasación histórica y contable que aparece como muy importante, no sólo por el valor indiciario que podría arrojar, sino porque fue ordenado con el objetivo de probar o descartar una de las hipótesis principales de sospecha sugeridas por las partes accionantes". Esta sospecha se refiere a que la empresa Papel Prensa SA "fue vendida - adquirida a un precio vil o irrisorio".
En respuesta a esto, el escrito de apelación sostiene que “La decisión que supedita el avance de la investigación a la posibilidad de que el peritaje concluya que el precio pagado fue correcto, demuestra vicios en la configuración de la hipótesis delictiva, que puede conducir a la impunidad de crímenes contra la humanidad, ya que, como muchas veces se dijera, la investigación no gira en torno a lo que sería un delito económico o financiero, sino ante maniobras extorsivas y persecutorias”.
La decisión de conceder o no las indagatorias quedará, ahora, en manos de la Cámara Federal Porteña que tendrá que resolver en los próximos días.
