“Estudiamos la posibilidad de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con los familiares de las víctimas. Esta es una sentencia que asegura la impunidad”, sostuvo Morales en diálogo con Télam.
El CELS, querellante en el juicio oral y público que se sigue por los hechos represivos que tuvieron lugar en Buenos Aires entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, deploró una decisión que “no permite indagar las sobre las responsabilidades institucionales” en las muertes que tuvieron lugar en aquellas jornadas.
La resolución de la Corte se produce cuando el Tribunal Oral Federal 6 analiza la responsabilidades materiales e intelectuales que tuvieron 17 acusados en la represión que dejó un saldo, sólo en el centro porteño, de cinco víctimas fatales, 227 heridos y más de 300 detenidos.
Entre los imputados se destacan el entonces secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y el comisario Rubén Santos, a cargo de la jefatura de la Policía Federal durante la presidencia de De la Rúa.
Entre los autores materiales ocupan un lugar preponderante los policías Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa, Roberto E. Juárez, Sebastián Saporiti, Horacio Berardi, Mario Seia, Norberto Sabbino y Ariel Firpo Castro, entre otros.
el Ministerio Público Fiscal y el CELS recurrieron estas medidas, pero en un escrito de siete líneas, la Corte confirmó el sobreseimiento del ex mandatario.
El dictamen lleva las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco y declara “inadmisibles los recursos de apelación y devuelve las actuaciones a las instancias de origen”.
“Lo alarmante es que en Tribunal que lleva cabo el juicio puede entender que existen responsabilidades políticas en esa represión que comprenden a De la Rúa, incluso por negligencia. ¿Qué sucederá entonces? Es difícil saberlo”, observó Morales.
La semana pasada declararon los ex funcionarios del Gobierno de la Alianza, quienes reconocieron que “pudo haber ineptitud del Poder Ejecutivo a la hora de implementar el estado de sitio” que devino en el estallido social que determinó la renuncia del entonces jefe de Estado.
