A Rosa P. la violaron, la dejaron atada a una máquina de coser, la hicieron dormir en el piso, la obligaron a revolver la basura para buscar la comida que le negaban y a lamer su propia sangre luego de las interminables golpizas a las que la sometían “por buscona”.
Sin embargo, cuando pone en fila los recuerdos de los tres años que estuvo secuestrada en un taller textil de Villa Celina, en La Matanza, el más triste es el del día que la raparon. En Uncallamaya, el pueblito boliviano donde nació, a las mujeres adúlteras les cortan las trenzas como castigo.
Su pelo está volviendo a crecer. Mientras tanto la investigación avanza en el andarivel de la Justicia Penal. Rosa empuja para que la causa prospere en otro carril: el Civil. Un camino que no todas las víctimas recorren. “Por lo menos, quiero recuperar el dinero que jamás cobré. Y que se haga justicia por todo lo que me hicieron”, dijo la joven de 23 años a Infojus Noticias.
–¿Qué fue lo que les hice? ¿Cuándo me voy a poder ir de acá? Quiero volver a mi casa– les preguntó Rosa al matrimonio que la tenía cautiva y atada a una silla. Era domingo a la noche y había estado todo el día ahí. Ellos se habían ido a pasear con su hija de 15 años.
–Nunca te vas a ir. De acá vas a salir muerta-–le contestaron.
Rosa sobrevivió gracias a la ayuda de María Flores, la dueña de la propiedad en la que Eliana Pairo Velardes y su marido, Abdón Tuco Cali Saya montaron el escenario del horror.
El último 17 de abril, un allanamiento la rescató de la oscuridad del encierro, del ruido constante de los motores de las máquinas de overlock y de las rectas que funcionaban en el lugar.
Cuando María viajó desde su casa de la ciudad de Calafate, en Santa Cruz, a cobrarles a los inquilinos; descubrió que la chica gordita y vital que había conocido tiempo atrás estaba confinada en una pequeña habitación, desnutrida y muy golpeada.
A pesar de que el matrimonio amenazaba con suicidarse si los denunciaba, María logró refugiarse junto a Rosa en otra habitación. Al día siguiente, con la ayuda de un vecino que vive en el primer piso del mismo complejo de viviendas, llamaron a la comisaría Noreste 6° de Villa Celina para presentar la denuncia.
Pairo Velardes y Tuco Cali Saya quedaron detenidos. Desde el 22 de mayo, él está en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz y ella, en la Unidad 31 de Ezeiza. El mismo día de su rescate, a Rosa la internaron en el hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita, en La Matanza. Durante más de dos semanas la asistieron para revertir su cuadro de desnutrición y las infecciones que presentaba.
Un llamado de la especialista puso en marcha los mecanismos estatales de acompañamiento. Viviana Caminos, titular del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la provincia de Buenos Aires, que depende de la subsecretaría de Acceso a la Justicia, en el ámbito del Ministerio de Justicia bonaerense, se acercó hasta el lugar y elaboró un informe que evidenció lo que el frío lenguaje judicial ocultaba: Rosa era víctima de trata. “Es el caso más grave vi”, dijo Caminos a Infojus Noticias.
“Abuso sexual gravemente ultrajante con reducción a la servidumbre y privación ilegal de la libertad agravada por haberse causado lesiones graves a la víctima” habían caratulado dos fiscalías de La Matanza. El expediente pasó al fuero federal y la investigación quedó a cargo de la Secretaría 8 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 del Poder Judicial de Morón.
Las marcas de la trata
Rosa habla poco. Su cuerpo dice lo que ella ya no quiere poner en palabras: sus muñecas y tobillos aún conservan las marcas de los días que pasó atada. Los moretones todavía no se borran de su piel ni de su abdomen.
Tiene una herida profunda en su pie izquierdo que no termina de cicatrizar y una marca en medio de su pecho que le quedó desde la tarde en la que le arrancaron un pedazo de piel con una pinza.
El repertorio de violencia alcanzó su intimidad. Las violaciones de Abdón le provocaron lesiones vaginales que se agravaron por los castigos que Eliana le imponía. La mujer también la violaba a modo de venganza: le introducía palos y conos de hilos.
Apenas pasó un mes y medio de aquella estadía en el infierno. Rosa hoy está junto a su madre, Flora, en una habitación de una casona del barrio porteño de Floresta que les prestó una organización que trabaja con la comunidad boliviana que vive en Argentina.
La recuperación es lenta. Sus movimientos también. Sale poco, camina despacio. Ahora mira televisión mientras come mandarinas en la pieza. Allí, se recupera de sus heridas, mientras espera que sus trenzas crezcan y que su cuerpo vuelva a ganar los kilos con los que había llegado a la terminal de ómnibus de Liniers, en mayo de 2012. Rosa vino por una promesa de trabajo que Eliana, una sobrina lejana de su padre, le había hecho.
Poco tiempo después, Rosa se subió a un micro que sus nuevos jefes costearon y llegó a la casa ubicada en el segundo piso de Tigre 550, en el barrio Ramón Carrillo de la localidad matancera de Villa Celina, una de las zonas de la provincia de Buenos Aires en las que más proliferan los talleres de costura.
La promesa duró poco: apenas se instaló en esa vivienda, le sacaron su teléfono celular, su documento de identidad y sus pertenencias. La obligaron a trabajar sin descanso en tareas domésticas y en el taller textil que funcionaba en el lugar. Nunca le pagaron. Tampoco la dejaban salir. Rosa no conocía el lugar en el que estaba.
“Yo le decía a mi mamá que llamara a Rosita, porque nunca más supimos de ella desde que se fue. Le habían dado un número falso, llamábamos y no nos podíamos comunicar, pero pensamos que estaba bien porque estaba con gente conocida. No puede haber tanta maldad”, contó a Infojus Noticias su hermano Basilio, que vino al país acompañarla en la recuperación.
Un domingo a la tarde, el padre de Eliana –la mujer que engañó a Rosita- caminó media hora para avisarle a la mamá de la chica que su hija estaba internada. “No teníamos plata para viajar”, recordó.
El pasaje en avión lo costeó el consulado boliviano. Cuando Basilio y su mamá llegaron, fueron directo al hospital matancero donde estaba la chica. Ella lloraba y les contaba todo lo que le había pasado.
Rosita quiere regresar a su país, pero sus médicos le dicen que el tratamiento demorará, por lo menos, dos meses más. “Quiero ganar mi platita”, dice.
El expediente judicial
Después de recorrer las fiscalías 4 y 2 y el juzgado de Garantías 4 del Poder Judicial de La Matanza, la causa pasó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 del Poder Judicial de Morón que ahora está atrás de la cadena de trata de la que fue víctima. “A partir del informe que nos acercó la Oficina de Rescate bonaerense, no nos quedaron dudas de que se trataba de un caso de trata: a ella la captaron en Bolivia, la trajeron engañada con una promesa de trabajo que nunca se cumplió, no la dejaban salir ni comunicarse con su familia, no le pagaban y estaba mal alimentada…es un hecho terrible”, explicó a Infojus Noticias Ignacio Caldi, a cargo de la Secretaría 8.
Los operadores judiciales tomaron en cuenta el relato de Rosa en sede policial. No le pidieron que ratificara esos dichos para no revictimizarla. “Les tomamos declaración a los testigos que vieron cómo estaba la joven, a los policías que actuaron en el rescate y estamos evaluando si vamos a llamar a declarar a la víctima: con los elementos que hay hasta el momento, las pericias, más su declaración policial y ante la Oficina de Rescate, tenemos material suficiente. Que vuelva a repasar todas esa situación tan traumática que vivió sería revictimizarla. El fiscal, Hernán García, pidió algunas medidas de prueba sencillas, que no demorarían mucho tiempo, y la idea es elevar la causa a juicio lo antes posible”, detalló Caldi.
En ese sentido, el carril penal avanza al tiempo que Rosa se recupera. Mientras tanto ella espera poder cobrar lo que nunca le pagaron. “Es importante que las víctimas empiecen a tener patrocinio jurídico en el aspecto civil, es una forma de reparar el daño. Hay casos en los que se incautan las máquinas”, reflexionó Caminos.
*Por: María Florencia Alcaraz y Melisa Marturano, Infojus Noticias
Fotos: Matías Adhemar
