“La agenda de la salud mental es claramente una agenda de derechos humanos”, sostuvo la directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky Lo hizo durante la apertura de la jornada de intercambio, promoción y difusión sobre la conformación de los órganos de revisión provinciales de la Ley Nacional de Salud Mental, de la que participaron representantes de organismos públicos y de la sociedad civil, profesionales y redes de usuarios del sistema de salud mental de 13 provincias.
El encuentro fue convocado por el CELS, la Asociación por los Derechos de la Salud Mental (ADESAM) y la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental. El objetivo: fortalecer y promover la inclusión de la sociedad civil en la creación de órganos de revisión provinciales que monitoreen el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de las personas usuarias.
Litvachky recordó que hoy, 26 de junio, se conmemora el Día Nacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. “Buscamos la creación de los órganos de revisión provinciales para poder implementar la ley nacional de Salud Mental y debatir cómo podemos hacer para que haya menos posibilidades para los abusos psiquiátricos, el abandono y las torturas”, planteó.
María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, destacó la importancia de la creación de los órganos provinciales, no sólo para que la ley se cumpla, sino también para generar un impacto real en el respeto de los derechos humanos de usuarios de los servicios de salud mental.
“El encuentro fue sumamente positivo, porque reflejó la expresión de la sociedad civil, cómo se ve dentro de los organismos de revisión de la Ley de Salud Mental. Se ven con voz y voto, y cuentan con el reconocimiento de su palabra dentro de la implementación de las políticas públicas”, explicó Iglesias a Infojus Noticias.
“A nivel nacional, la política de derechos humanos está siendo llevada adelante en dos grandes ejes, el jurídico y el sanitario. Este cruce necesita claridad para que las políticas de Estado no queden en la letra sino que pasen a la acción. El Órgano de Revisión nacional no es un mero organismo de control: se están emitiendo dictámenes que alcanzan a todo el territorio nacional y que fijan estándares. Las provincias seguramente harán lo mismo”, explicó Iglesias.
De la jornada participaron representantes de Salta, Jujuy, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvieron presentes representantes de ministerios de salud y secretarías de derechos humanos provinciales, asociaciones de profesionales, defensorías generales locales y redes de usuarios del sistema de salud mental.
Acciones de fortalecimiento en Buenos Aires y Santa Cruz
Como parte de las acciones de fortalecimiento de los órganos de revisión locales, Iglesias participó de una reunión con el Órgano de Revisión de la provincia de Santa Cruz –el primero del país conformado tal cual lo establece la Ley de Salud Mental- y firmó un convenio con el Órgano de Revisión de la provincia de Buenos Aires.
En el caso de Santa Cruz, se presentó el órgano de revisión provincial y se establecieron pautas para el trabajo conjunto con el Órgano de Revisión nacional. Con la provincia de Buenos Aires, el convenio firmado tuvo como objetivo el desarrollo de acciones de cooperación que permitan mejorar el funcionamiento de ese espacio local.
