Los reglamentos se aplicarían también a quienes combatan contra fuerzas canadienses en un ejército extranjero o se unan a una entidad terrorista internacional.
El polémico estatuto, que entró en vigor este viernes, enfrenta fuertes críticas de la población y medios de prensa, así como varias demandas legales en su contra, de acuerdo con el diario The Globe and Mail.
Los abogados Paul Slansky y Rocco Galati (foto), de una firma de Toronto, solicitaron al juez federal Donald Rennie, que se pronuncie sobre la ilegalidad de algunos aspectos de dicha legislación, pero el letrado no ha respondido, mientras otras acciones similares fueron presentadas en la provincia de Ontario.
La organización Amnistía Internacional, la Asociación Canadiense de Abogados para los Refugiados y la Asociación de Libertades Civiles expresaron su rechazo a la medida.
Sin embargo, el ministro de Inmigración, Chris Alexander, justificó las nuevas reglas con el argumento de que estas intentan afrontar lo que describió como la amenaza del terrorismo yihadista.
Nuestro Gobierno sabe que su principal objetivo es garantizar la protección y seguridad de sus compatriotas y por eso los cambios a la Ley de Ciudadanía garantizarán que quienes intenten dañar al país no podrán explotar su condición de canadienses, señaló Alexander a la cadena CBC.
Pero expertos en el tema señalan que esta medida forma parte de un plan del Gobierno federal para incrementar el control sobre la población y profundizar en las acciones de vigilancia doméstica por parte de las agencias de seguridad.
En ese sentido, a principios de mayo la Cámara de los Comunes aprobó una nueva ley contra el terrorismo, conocida como C-51, que otorga al Servicio de Inteligencia y Seguridad de Canadá poderes inéditos con el pretexto de combatir supuestos complots de los extremistas en el país.
La C-51 fortalece las facultades para el intercambio de información de seguridad a nivel federal, amplía las llamadas listas de individuos a los que se les prohibe viajar en avión y prevé una nueva figura delictiva para reprimir a quienes se acuse de estimular a otra persona a llevar a cabo ataques terroristas.
Activistas y organizaciones defensoras de los derechos civiles denunciaron desde hace varios meses que la nueva legislación permite al CSIS ir más allá de la obtención de información y lo faculta a tomar medidas represivas inconsultas para contrarrestar los planes de los involucrados en acciones criminales.
