El 28 de junio de 2009 miembros del Ejército sacaban de su residencia a Zelaya en pijama y lo trasladaban, primero a la base aérea estadounidense de Palmerola, a menos de 100 kilómetros de Tegucigalpa y luego lo expulsaban a Costa Rica.
El motivo aducido para el golpe, avalado por la Corte Suprema de Justicia y el grueso del Parlamento, fue la convocatoria que hizo Zelaya a una consulta popular para reformar la Constitución y permitir, entre otras modificaciones, la reelección presidencial, algo que ahora aprobó el Congreso hondureño a pedido del mandatario Hernández.
Los manifestantes de ayer llamados por el izquierdista Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), marcharon desde la Universidad Pedagógica hacia el parque central.
Otra movilización convocada por el derechista y gobernante Partido Nacional (PN) recorrió el bulevar Suyapa. Ambas marchas se encontraron en el trayecto y se generó un enfrentamiento a empujones y piedras que dejó algunos lesionados leves.
“La crisis en Honduras es histórica, el golpe de Estado lo que hizo fue agravarla”, afirmó durante la manifestación el ex presidente Zelaya, mientras que uno de sus principales asesores, Rasel Tomé, sostuvo que esa asonada significó “el despertar de la conciencia del pueblo” frente a problemas como la pobreza y la violencia, y citó como ejemplo las movilizaciones masivas de los llamados “indignados”.
“Fuera JOH”, gritaban los manifestantes, refiriéndose al presidente Juan Orlando Hernández. “Queremos la Cicih”, gritaban también, en alusión a su reclamo de que se cree una Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras de la ONU, a imagen y semejanza de la que destapó escándalos de corrupción en Guatemala.
Los manifestantes de la Resistencia se detuvieron en las cercanías de Casa Presidencial, donde cuatro jóvenes indignados llevan a cabo una huelga de hambre desde el martes exigiendo esa comisión internacional.
Desde hace cinco viernes los hondureños han participado en movilizaciones de los llamados “indignados”, quienes exigen la renuncia del presidente por supuestamente haber aceptado que el equipo de campaña que lo llevó al poder en las elecciones de 2009 recibiera parte de los 300 millones de dólares saqueados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
