Dos hermanos acusados de "captar" mujeres en situación de vulnerabilidad para obligarlas a ejercer la prostitución -entre ellas una adolescente-, deberán pasar seis años en prisión: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó sus condenas, según indicaron esta mañana fuentes judiciales a la agencia Télam.
En diciembre de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario condenó a Walter Omar Andrada y a Hugo Viterbo Andrada, quienes regenteaban un burdel en la localidad bonaerense de San Nicolás. La justicia encontró a los Andrada "coautores del delito de trata de personas" previsto en el artículo 145 bis, del Código Penal que reprime a quien "ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima".
Ahora la Sala Cuarta de la máxima instancia en lo penal rechazó un recurso contra la sentencia. Los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos ratificaron la condena dictada en el juicio en el que "se trató el caso en el cual se captó a una mujer y se acogió a otras dos, las cuales eran explotadas sexualmente en un bar propiedad de los imputados", indicaron las fuentes.
"Existen elementos de prueba precisos y concordantes de que el manejo del dinero de las víctimas lo tenían los hermanos Andrada, pese al intento de éstas de disminuir la responsabilidad de los imputados por el grado de sumisión que padecían hacia éstos”, señala en uno de los párrafos de la resolución de 45 carillas, a la que Télam tuvo acceso.
La denuncia que abrió la investigación
La causa se inició en agosto de 2010, "cuando el Jefe de la Delegación de San Nicolás del área de Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina, recibió un llamado telefónico en el que una persona no identificada de sexo masculino dijo (que ese local) 'hay un puterío y que trabaja una chica menor de edad'".
Durante el juicio se advirtieron las "circunstancias de vida y condiciones económicas previas desfavorables (de las víctimas), familiares a cargo, ninguna había alcanzado la educación primaria completa y tenían escasas o nulas oportunidades de empleo en sus lugares de origen".
"Existía entre las víctimas la imperiosa necesidad de obtener dinero para poder enfrentar su propia manutención y de las demás personas que de ellas dependían, resultando coincidente la afirmación de las víctimas que debieron emigrar a la ciudad de San Nicolás por una mejor expectativa de vida”, se detalló en la sentencia.
