El sindicato critica que “no compensa la pérdida del poder adquisitivo superior al 25% que han acumulado los empleados públicos” durante los años de crisis. No obstante, el sindicato se congratula de que el Gobierno avance “en buena dirección”, “poniendo fin a cinco años de congelaciones salariales”, y considera que la presión del colectivo ha forzado al Ejecutivo de Mariano Rajoy “a mover ficha”.
Respecto a la tasa de reposición, por primera vez se considerarán las Instituciones Penitenciarias, los servicios sociales de las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal como servicios esenciales, por lo que se deberá sustituir a todo trabajador público que cause baja, normalmente por jubilación, y no al 50% como hasta ahora.
Pero hasta septiembre de 2014, esa tasa sufría una restricción mucho mayor: solo el 10% de los empleados públicos que abandonaban su plaza eran sustituidos, hasta que hace poco menos de un año.
En ese momento, Montoro admitía que las plantillas estaban “prácticamente con los mismos números de 2004”, por lo que la “atención de calidad” en los servicios públicos requería una subida. Los servicios esenciales son educación, sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lucha contra el fraude, a los que se suman los anteriores.
