Tres de los cinco jueces que están siendo juzgados en los fueros federales de Mendoza supieron acerca del secuestro de la nieta 117 y desoyeron los intentos de sus cuatro abuelos por encontrarla. Gabriel Guzzo, Otilio Roque Romano y Guillermo Petra Recabarren tuvieron en su escritorio sendos recursos de habeas corpus por Walter Hernán Domínguez y Gladys Cristina Castro, desaparecidos desde el 9 de diciembre de 1977, y los archivaron sin mover un dedo.
“Fui a ver a Guzzo, el juez que contestaba los habeas corpus, dos veces. Primero sola. Estaba en un lugar mucho más chico que ahora. Ni siquiera miró los nombres y nos dijo que nuestros hijos no estaban en ningún lado, como si hubieran desparecido. Estoy segura de que cuando nos fuimos, tiró el papel al tacho de basura”, recordó María Assof de Domínguez en diálogo telefónico con Infojus Noticias, de regreso en su pueblo natal luego de su paso por Buenos Aires para anunciar el reencuentro tan esperado con su nieta.
El 9 de diciembre, una patota —se cree que el D2— asaltó la casa que la pareja alquilaba en la localidad de Godoy Cruz. Se los llevaron a la rastra hasta los autos, mientras Walter y Gladys, con su panza de seis meses, gritaban por ayuda a los vecinos. Unos días después, con la negativa de la iglesia a cuestas, la familia Domínguez presentó un habeas corpus en favor de la pareja.
El 30 de diciembre de 1977, cuando llegaron las respuestas negativas de la Dirección Judicial de la Policía de Mendoza, la Penitenciaría provincial, la Policía Federal y el Comando de la Octava Brigada de Infantería de Montaña, el juez federal Gabriel Guzzo rechazó el recurso, e impuso los gastos a los denunciantes. El entonces procurador fiscal, Otilio Roque Romano, había sido notificado de la presentación.
El 20 y el 23 de febrero de 1978, la madre de Walter y el padre de Gladys presentaron otros dos habeas corpus, ahora ante el juez Petra Recabarren. En ellos, enfatizaban que la mujer había sido secuestrada con un embarazo avanzado. Pero no tuvieron mejor suerte: ambos fueron rechazados, el 20 y 21 de marzo respectivamente.
En el primero —expediente N° 71.265-D, del 20 de febrero—, se pedía adicionalmente que se oficiara a la Secretaría del Menor y Familia, a la maternidad del Hospital Emilio Civit, a la Casa Cuna y a los Juzgados Correccionales de menores, para saber si se podía ubicar a la nieta que conoció su verdadera identidad hace unos días.
Petra Recabarren ordenó que esa denuncia se acumulara al habeas corpus anterior y se tuviera en cuenta lo resuelto allí, es decir, la nada: el archivo de la denuncia. Nada dijo sobre el pedido de buscar el niño o niña nacido en las instituciones de menores.
El segundo —N° 38.411-B, del 23 de febrero—, después de acumular los informes negativos de rigor —Penitenciaría provincial, Dirección Judicial, Gendarmería Nacional y el Comando de la Octava Brigada de Infantería de Montaña—, también fue cajoneado.
A pesar del desamparo al que los sometía la justicia federal, los padres de Walter no se dieron por vencidos. El 28 de mayo de 1979, presentaron dos hábeas corpus más a favor de su hijo, su nuera y su nieto o nieta, todos desaparecidos. El juez federal Guzzo volvió a recibirlos, pero nunca en su despacho: apenas unos minutos detrás del escritorio de la mesa de entradas.
María lo recuerda bien: “En esa época, a los jueces, los médicos y los gobernantes los tratábamos como estrellas de Hollywood. La segunda vez fui con mi marido, que era más instruido que yo. Se enojó y le dijo que como ellos no hacían nada, iba a ir a los tribunales internaciones. ¡Cómo se enojó!, casi lo sacó a los tirones”, relató María.
Estas últimas denuncias fueron rechazadas por Guzzo, remitiéndolas nuevamente a los resultados de los anteriores. Después de apelarlas, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza la revocó y le ordenó a Guzzo que las investigara. También lo notificó a Romano. Guzzo se limitó a pedir lo de siempre. Cuando llegaron las notificaciones, el 11 de noviembre de 1979, los clausuró definitivamente.
La desaparición forzada de personas, el robo de niños y la supresión de su identidad, son delitos que técnicamente se denominan “permanentes”: se siguen cometiendo hasta en que aparecen los cuerpos de las víctimas, o en casos como éste, hasta que la persona recupera la identidad.
Ahora, luego de 37 años de mantenerse en silencio, María Assof de Domínguez quiere que los jueces paguen por haberles cerrado las puertas en la cara. Que paguen”, repite al otro lado del teléfono, desde Mendoza. “Y nada más”.
