Para el fiscal Miguel Palazzani, demuestran que los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola “encuentra su origen en el conflicto laboral con la empresa, representada por Vicente Massot”.
El rol del empresario periodístico Vicente Massot en el secuestro y asesinato de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, volvió a estar en primer plano con documentos irrefutables.
Las actas labradas por las autoridades del diario en medio de un conflicto sindical, y que luego fueron entregadas a la inteligencia de Prefectura, pusieron en evidencia que Massot se vinculó personalmente con los trabajadores, siendo parte activa e interesada.
“Demostramos que el asesinato de los obreros gráficos encuentra su origen en el conflicto laboral con la empresa. Y que la empresa es representada por Vicente Massot, cosa que él niega sistemáticamente”, dijo el fiscal Miguel Palazzani a Infojus Noticias.
Las actas labradas por las autoridades de La Nueva Provincia para perseguir a sus trabajadores durante el más duro conflicto sindical de su historia fueron expuestas en el alegato de la fiscalía –del que también participó el fiscal José Nebbia- en el juicio de “Armada”, en Bahía Blanca. Palazzani explicó que, por un lado, los casos de los obreros gráficos “son parte de este juicio, porque aparecen como víctimas”, y por otro, son hechos que se les sigue a Massot, aunque no esté imputado en este juicio.
“La causa que se le sigue continúa su carril por otro lado. Ya está apelada a la Cámara Federal y fue lo que motivó el apartamiento del juez Claudio Pontet”, aclaró. Y agregó: “El carácter de la exposición fue describir los hechos que culminaron con el asesinato de Enrique y Miguel, tal como se hizo con todas las víctimas. En estos hechos, por las particularidades, nos remontamos al origen de la disputa en el diario, donde se comienza a hacer inteligencia sobre ellos. Massot estuvo cara a cara con Heinrich y Loyola en pleno conflicto gremial”.
Los documentos que mostraron los fiscales contrarrestan dos posiciones que se unieron en un mismo punto: la negación de una posible responsabilidad del empresario en los hechos. Una de ellas, la que frenó la causa Massot en la justicia, fue la postura de Pontet, que había vinculado a la Triple A en el asesinato de los obreros. El juez consideró que no fue probada “la vinculación personal de Massot con el aparato estatal genocida”.
Siguiendo la postura que tomó el empresario en su descargo, el juez cargó la responsabilidad de lo denunciado en los familiares fallecidos del acusado: Diana Lía Julio Pagano de Massot, madre del director de LNP, y su hermano Federico. Para Pontet, Vicente era un “joven y novato periodista de un medio local” que nada tuvo que ver con los hechos.
Massot está acusado de integrar "junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional". Según la acusación, "la Nueva Provincia habría actuado de acuerdo a las normativas impartidas por los mandos militares asentados en Bahía Blanca".
El empresario había sido imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, "instigando, determinando, y prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos", de acuerdo con un dictamen firmado por los fiscales.
¿Qué dicen las actas?
De 1973 en adelante, el conflicto gremial se recrudeció en la empresa por motivos salariales y por condiciones de trabajo.
El acta del 16 de septiembre de 1975 registra que Federico Massot traspasa por decisión de la empresa “todo trato con el personal” hacia su hermano Vicente. Además, la fiscalía menciona el señalamiento de los obreros desde el “núcleo duro” del clan Massot hacia las fuerzas armadas y los domicilios de los cuales luego iban a ser chupados.
La fiscalía destacó que “los asesinatos no son producto de ningún espasmo de la fuerza de seguridad” y desarrolló la reconstrucción paralela entre la militancia gremial de los trabajadores, su registro en informes de inteligencia y el “hostigamiento permanente” de La Nueva Provincia desde sus editoriales.
Por ejemplo, calificaban a la federación FAPREN como un “soviet de trabajadores de prensa”. Federico, el mayor de los hijos de la dueña, señalaba a los gremialistas en cartas dirigidas al delegado del Ministerio de Trabajo, Américo De Luca.
El documento también mencionaba al subcomisario Héctor José Ramos, el encargado de seguridad del diario que “contaba las balas de su arma frente a los empleados” cuando estos hacían quitas de colaboración u otra medida de protesta. Ramos fue segundo jefe del Servicio de Informaciones de la Policía de Buenos Aires hasta su muerte.
En particular, Palazzani mostró el poder especial “con amplias facultades” dado por escritura pública de parte de la dirección de La Nueva Provincia a Vicente Gonzalo Massot. “Ya en julio de 1975 la dirección del diario y en el marco del peor conflicto gremial, hacía a un lado a cualquier director de personal y lo ponía a uno de los accionistas e hijo de la directora”.
El actual director del diario tenía en la época la facultad de encargarse de los asuntos que “guardan relación con el personal de la empresa”, en especial los motivados por cuestiones laborales pudiendo “suspender, despedir o cualquier otra sanción con respecto al mismo”. Las potestades eran amplias y para manejarse en cualquier ámbito administrativo en representación de la empresa La Nueva Provincia.
Pero hubo un acto fundamental. En septiembre de 1975 el secretario general de los gráficos, Heinrich, se presentó ante el jefe de Talleres y luego fue citado a la subdirección por Massot quien le dijo que “la empresa abonará horas extras siempre y cuando se comprometa el personal a que el periódico salga en un plazo razonable”.
Heinrich consultó con sus compañeros y media hora después contestó a Massot que “el personal ha resuelto no comprometerse”. El empresario, entonces, decidió reducir la cantidad de páginas de la edición para publicar el diario a tiempo.
Luego Massot se reunió con un maquinista y dejó constancia de que “este cambio no implica que se solicite colaboración y que se trabaje horas extras”. Heinrich pidió explicaciones al hijo de Diana Julio.
El propio Vicente apareció en el taller y solicitó a los armadores Jorge Molina, Adolfo Constantino y Francisco Duca que ante la ausencia de personal realicen las pruebas de galera. Los tres se negaron y las tareas fueron realizadas por socios de la empresa.
También está probada la intervención cara a cara de Massot con Miguel Ángel Loyola. La perpetuó el escribano en el acta del 28 de septiembre en la cual relata que durante los primeros minutos de aquella jornada y ante la negativa empresarial de reconocer las demandas de los trabajadores, Loyola y el delegado Luis Martínez comunican que “no prestarán colaboración” y se niegan a firmar un acuerdo.
“Este acta demuestra muchas cosas, pero básicamente lo pone a Massot en el centro de la escena del conflicto gremial. Todo esto es génesis y origen de sus asesinatos”, dijo Palazzani en el alegato que continuará esta semana.
Y concluyó: “No olvidemos que dos empleados de La Nueva Provincia, y toda la sección Talleres estaban diciéndole en la cara que no iban a sacar el diario, y le estaban diciendo que no a cada insinuación de recorte. Se veía a la dirección del diario presionando al sindicato y éste contestando de manera firme y fuerte. La intervención personal de Vicente Massot se mantuvo varios meses más”.
