La semana pasada, asumió la nueva cúpula de la policía de la provincia de Chubut y un nuevo secretario de Seguridad. Hoy, la Comisión contra la impunidad y por la Justicia en Chubut presentó un escrito ante el gobernador Martín Buzzi para manifestar su “profunda preocupación por el recrudecimiento de las detenciones arbitrarias y los abusos policiales” que se dieron a partir de las recientes designaciones.
“Es un tema muy grave, y vinculado a la demagogia electoral, que tiene consecuencias”, explicó a Infojus Noticias Lucas Krmpotic, integrante de esa Comisión, constituida en gran medida por familiares de víctimas de la violencia institucional de esa provincia.
En ese sentido, Krmpotic precisó que los nuevos designados en la fuerza policial están vinculados a los casos más emblemáticos ocurridos allí, como los de Iván Torres y Julián Antillanca. “Está todo respaldado con documentación”, señaló sobre la presentación.
Las designaciones, realizadas once días atrás por Buzzi, incluyen a los comisarios Leonardo Bustos y Carlos Bidera como nuevo jefe y subjefe de la policía, respectivamente, y a sus pares Miguel Gómez, como jefe de Operaciones, y Andrés Tillería, como nuevo director de Seguridad.
A cargo de la Secretaría de Seguridad fue designado Federico Massoni.
“El 7 de septiembre asumió la nueva cúpula policial y el nuevo secretario de Seguridad y ya en sus primeras declaraciones (Massoni) habló de que quería que la policía volviera a tener el control de la calle ‘a través del control de las contravenciones’”, agregó Krmpotic.
En ese sentido, el integrante de la Comisión enumeró que “habló de ir fuerte contra ‘aquellos que toman bebidas en la vía pública, aquellos que fuman en las plazas, que se encuentran realizando actividades que no son lícitas, y en aquellas contravenciones que ustedes consideran menores’”.
El secretario de Seguridad también dijo que tiene un plan “para que en los próximos 60 o 90 días vean casi una participación histérica de nuestra presencia en las calles” y agregó que le devolvería a la policía el control de las faltas de tránsito instando a los agentes a “que detengan e identifiquen” a las personas que cometan infracciones.
“Todo esto va más allá de una bravuconada al saber quiénes son estos policías, porque todos están vinculados, directa o indirectamente, a los casos más emblemáticos de la violencia institucional”, completó Krmpotic.
“Bustos fue denunciado por la mamá de Iván Torres (María Leontina Millacura Llaipén) como uno de los responsables de la desaparición de su hijo y de torturas a testigos”, agregó Krmpotic.
Iván Eladio Torres desapareció en 2003, en Comodoro Rivadavia, y su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “María, en particular, recibió varias cartas y en una de ellas, escrita en computadora, se lo señalaba (a Bustos) como quien se llevó a Iván de la comisaría N° 1 de Comodoro. Bustos era responsable de la Brigada de Investigaciones de Comodoro Rivadavia.
Krmpotic explicó que, en el caso de Torres, siete personas relacionadas con la causa fueron asesinadas en circunstancias que no fueron esclarecidas. Uno de ellos, Diego Álvarez, era vecino y homónimo de uno de los testigos de la causa, que declaró haber sufrido apremios por parte del hoy jefe de Policía. Hoy, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofreció una recompensa de 1 millón de pesos a quien aporte datos que permitan dar con el paradero de Torres.
Desde la Comisión también recordaron que la CIDH, en su sentencia sobre el caso, estableció que “los policías que inicialmente fueron encomendados a la investigación de la desaparición del señor Torres fueron aquellos a los que se les imputaban los hechos.
El Estado también reconoció que el juez de instrucción de Comodoro Rivadavia, que estuvo a cargo del expediente en sus inicios, retardó la investigación de la causa judicial; que el Registro Parte Diario de la Comisaría Seccional Primera fue manipulado; y, como alegó la Comisión, que varios testigos fueron ‘de una u otra manera’ amenazados por el mismo personal policial responsable de la desaparición del señor Torres Millacura”.
Por su parte, “el jefe de la policía, Carlos Bidera, es tío de Gabriela Bidera, acusada de encubrir el homicidio de Julián Antillanca. Y también tuvo responsabilidad en una docena de operativos vinculados a apremios, donde se violaron derechos humanos, y que fueron ilegales”, indicó Krmpotic.
Durante el juicio que se celebró por el caso –y que terminó con la condena de cuatro efectivos policiales–, Gabriela Bidera pidió la suspensión del juicio a prueba, que le fue otorgada por el tribunal. Para Krmpotic, cuesta creer que “Carlos Bidera desconociera la verdad de los hechos, máxime cuando se desempeñaba como subjefe de la Unidad Regional de Trelew”.
Además, bajo responsabilidad del propio Bidera, el 3 de diciembre del año 2013, se desarrolló un operativo ilegal que terminó con varios vecinos golpeados y un menor baleado, señaló Krmpotic. En tanto que en otro de los operativos irregulares, a los que hizo referencia la Comisión en su presentación, Bidera tuvo responsabilidad en el allanamiento ilegal a la vivienda de la familia Currumil, en el barrio Tiro Federal, de Trelew.
“El resultado del violento operativo fue la detención de tres jóvenes, de los cuales uno era menor y otro padece de una discapacidad cognitiva, y el secuestro de un arma de juguete”, se informa en el escrito de la organización.
Miguel Gómez es otro de los nuevos jefes policiales cuestionados. “Es el más violento de todos los designados”, explicó Krmpotic. Gómez detenta el cargo de director de Operaciones, lo que supone mucho poder bajo su órbita.
Entre sus participaciones al margen de la ley, está “el violento operativo de Corcovado, una pequeña localidad a cien kilómetros de Esquel, en la que fue absuelto, pero que sigue su trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguró el integrante de la Comisión y agregó: “Hoy, es el verdadero jefe de la policía”.
Krmpotic describió cómo, en 2009, Gómez participó como jefe del Grupo Especial de Operaciones GEOP de la ocupación del pequeño pueblo cordillerano, durante una semana entera. “Llevando adelante una serie de brutales allanamientos ilegales.
Niñas de cinco años ‘tomadas de los pelos’; otra, apuntada con armas largas; un nene de dos años dado a la fuga, mientras sus padres eran sometidos a una golpiza; daños innecesarios a bienes, fracturas y golpes, todo en medio de una enorme exhibición de armas y violencia”, son algunas de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante ese procedimiento.
Tillería, por su parte, es hermano del comisario Fabián Tillería, imputado por la desaparición de Iván Torres. Él mismo estuvo procesado en orden al delito de “privación ilegítima de la libertad” en perjuicio de Iván, por una detención anterior a septiembre de 2003, cuando se produjo su desaparición.
