Promulgada en Cuba el pasado miércoles, la llamada Jurisdicción especial para la paz prevé la creación de salas y tribunales con el objetivo de investigar, juzgar y sancionar a actores de la confrontación bélica, bajo la premisa de que no quedarán impunes crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales ni otros hechos considerados graves.
No obstante incluye beneficios de amnistías e indultos para determinados casos de delitos políticos y conexos.
Adicionalmente, los representantes gubernamentales y de la agrupación guerrillera, quienes negocian una solución concertada al largo conflicto, acordaron finalizar las pláticas en La Habana a más tardar en seis meses y concluir entonces la confrontación.
A partir de entonces activistas, políticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos de a pie comenzaron a manifestar públicamente su satisfacción por tal consenso, en uno de los puntos más críticos de la agenda de conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Calificado por analistas como trascendental en el camino hacia la distensión, tal acuerdo fue interpretado igualmente como un momento crucial y de reconciliación entre los colombianos, castigados por más de medio siglo de violencia.
Estamos ante una nueva era en la cual nuevas fuerzas sociales podrán hacer política de manera libre y segura, declaró a Prensa Latina el senador Iván Cepeda.
En su opinión, el minucioso trabajo de un equipo de juristas hizo posible la concreción de esa metodología, diseñada para cobijar a todos los actores de la contienda, no sólo insurgentes sino también agentes del Estado.
Mientras, diversas personalidades del escenario público consideran que luego de tal paso las gestiones pacifistas no tienen marcha atrás.
La paz está cerca, repiten los ciudadanos a través de Twitter y otros espacios, cuando vislumbran el anhelado escenario de postconflicto, tras previos intentos de negociaciones entre el Ejecutivo y la insurgencia.
No es momento para odios, tenemos que unirnos para construir una sociedad justa y sin guerra, insistió el partido Unión Patriótica, pese a haber sufrido en décadas anteriores un genocidio político al perder a casi cinco mil de sus integrantes.
Respaldamos el pacto y pedimos acelerar los diálogos para decretar el cese el fuego bilateral y el término de la contienda, expresó en un comunicado el Partido Comunista Colombiano, que llamó al pueblo a convertirse en protagonista de los instantes venideros, durante el proceso que algunos han denominado especie de revolución pacífica.
En medio del optimismo, no faltan las alertas para mantener los ojos abiertos ante posibles maniobras de la extrema derecha, que cuestionó el reciente consenso entre las partes beligerantes.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reprobó las críticas del partido Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe, y llamó a ese grupo opositor a reflexionar y revaluar su posición.
Uribe expresó su desacuerdo con la determinación de aplicar los mismos principios de justicia transicional a guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública.
En el escenario internacional, priman los mensajes de respaldo a las gestiones para acabar con la confrontación en las voces de presidentes y otros líderes como el papa Francisco y el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
