Tenía 23 años y el 31 de agosto de 2013 la hallaron con una bolsa en la cabeza, las manos atadas en la espalda, sin pantalones ni ropa interior, mezclada entre la basura.
La autopsia confirmó que había sido abusada y que su muerte había sido por asfixia. Los investigadores estimaron que ese no había sido el escenario del crimen, sino que la habían matado y llevado hasta el lugar.
Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de esa ciudad comenzó a juzgar a Ariel Orzán, vecino de Ardiles, único detenido y acusado de la violación y el asesinato de la chica.
La primera audiencia del debate comenzó con la lectura por parte de la Fiscalía de la acusación que pesa sobre Orzán. María Isabel Sánchez, fiscal que estuvo a cargo de la investigación y que ahora representa al Ministerio Público en el debate, sostuvo su hipótesis acusatoria: “Orzán es culpable del delito de ‘abuso sexual con acceso carnal y homicidio criminis causa’”.
Para Sánchez, el asesinato de la joven fue la forma que buscó el imputado para procurar su impunidad por el abuso sexual a la que la había sometido.
Según explicó la fiscal al portal 0223, los estudios de ADN confirmaron la existencia de un único perfil masculino en los hisopados, que son compatibles en un ciento por ciento con el imputado. “Con los testigos del jueves (por hoy) más el material que se incorporó por lectura, podríamos realizaron los alegatos antes del fin de semana”, señaló.
Poco después del hallazgo del cuerpo de Ardiles, los vecinos señalaron a Orzán como la última persona que había estado con ella. Según dijeron, la joven y el acusado se habían encontrado para ir a la iglesia.
A ella no la vieron más, hasta que un grupo de chicos que jugaba en el descampado encontró el cuerpo. La indignación se apoderó del barrio. Un grupo de personas fue a la casa del acusado y la prendió fuego. Quisieron lincharlo, pero la policía lo evitó y detuvo al hombre.
Orzán llegó a juicio oral con prisión preventiva. Asistido por el defensor oficial Mauro Giacomaso, sigue el debate sentado en la silla del acusado. Para Giacomaso, el procedimiento de detención de su defendido es cuestionable, por lo que intentará aportar pruebas para que se decrete su nulidad. Serán los jueces Eduardo Alemano, Juan Manuel Sueyro y Aldo Carnevale los encargados de administrar justicia.
