La misma tuvo lugar en la Escuela Nº 11, ubicada en Juan B. Justo al 1000 de Ministro Rivadavia y se desarrolló entre las 11 a 16 horas; durante la misma se realizó la aplicación de vacunas a cargo del Ministerio de Salud de la Nación (todas las vacunas del calendario de vacunación), así como una jornada de Registración y Promoción de Derechos a cargo de RENATEA y una campaña “Trabajar en el campo no es un juego” para los más pequeños.
“Garantizando derechos, Construyendo inclusión”
El Estatuto del Peón Rural aprobado en octubre de 1944 y su impulsor, el General Perón, significaron un quiebre normativo y simbólico trascendental en la historia política de nuestro país.
El Estado Nacional por primera vez establecía que detrás de esos cuerpos que sembraban, cosechaban, arriaban y hacían otras tantas tareas había sujetos de derecho, hombres y mujeres que debían recuperar parte de la dignidad tantas veces negada. De esta manera también ponía en tensión a los discursos que legitimaban esas relaciones de explotaciones con argumentos que naturalizaban lo injusto y precario.
Nuevamente todo parecía ser culpa del proceso productivo de la producción agraria y del espacio rural, presentados como excepcionales, sujetos a contingencias imprevistas y a patrones culturales tan distintos a los de las restantes actividades económicas que obligaban a “tolerar” leyes particulares. Lo que no se decía, pero quedaba claro, es que con esa excusa, los trabajadores agrarios de nuestro país, volvieron a ser considerados trabajadores de segunda categoría. La ley 22.248 propiciada por la Dictadura militar en el año 1980 ejemplifica de manera cabal esta concepción que naturaliza la explotación.
En diciembre de 2011, por iniciativa de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se sanciona la ley 26.727 que recupera lo mejor de los antecedentes normativos anteriores y regula en sentido protectorio a un conjunto de particularidades del trabajo agrario (como la jornada de trabajo, el trabajo adolecente, la intermediación laboral, las licencias y jubilaciones, las modalidades de contratación, entre otras tantas cosas). Asimismo crea el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), como garante del cumplimiento de la Nueva Ley de Trabajo Agrario y encargado entre otras funciones de emitir la Libreta del Trabajador Agrario y prestar el Seguro de desempleo y el Seguro por Sepelio.
El aspecto más importante de esta ley, es que el trabajador agrario deja de ser considerado un trabajador de segunda, equiparando su situación a la de los trabajadores de las demás ramas productivas. El trabajador agrario es nuevamente sujeto de derecho. Las particularidades de la actividad servirán de ahora en más para proteger aún más el empleo y no para precarizarlo como había sido hasta ese momento.
El proceso de equiparación seguramente será largo. Los niveles de precariedad siguen siendo de los más altos del país. El primer paso está dado, contamos con la ley y hemos recuperado las instituciones que la ponen en práctica. Resta un camino arduo para lograr neutralizar esos argumentos que han legitimado y naturalizado los atropellos contra los trabajadores agrarios de este país.
El 8 de octubre es una fecha indicada para reflexionar y trabajar para que esta realidad sea efectiva.
