Hace 7 años, el Holdout adquirió a muy bajo costo una serie de bonos emitidos a terratenientes entre 1968 y 1982 después de que sus propiedades fueran incautadas tras la Reforma Agraria que llevó adelante una junta izquierdista dirigida por el General Juan Velasco.
En el pasado, el gobierno peruano ofreció pagar los bonos a su valor nominal, el cual es muy bajo. Sin embargo, el máximo tribunal del país, en 2013, reafirmó un fallo previo que requería un valor ajustado, pero permitió que el gobierno pagara menos de lo que sus acreedores pedían, unos $400 millones.
No obstante, Gramercy – que es uno de los 500 tenedores de estas deudas-, calcula que la inflación y la devaluación de la moneda nacional de Perú elevó la deuda hasta 5.100 millones de dólares.
La posición oficial de Perú es que estas deudas están sujetas a la jurisdicción nacional y que “la entidad legal más alta decidió que tenemos que pagarla usando cierta metodología, algo que hacemos sin cuestionarlo”, cita Financial Times a un alto cargo anónimo del Gobierno de Ollanta Humala.
Sin embargo, el fondo dijo que “si la administración dde Humala sigue negándose a comprometerse, nos veremos obligados a emprender nuestros propios remedios legales, los cuales incluyen una demanda internacional contra el Perú bajo el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU.”.
Los acreedores decidieron llamar la atención sobre este conflicto esta semana, precisamente cuando en Perú tiene lugar un encuentro entre los líderes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Sus acciones han sido tachadas como ‘buitre’ por la asociación Jubilee de los Estados Unidos, que aboga por el alivio de las deudas a países en desarrollo.
