El sindicato ha exigido este jueves, ante la sospecha de fraudes a la Seguridad Social, más sanciones por el uso injustificado de contratos de una semana o menos en aquellas empresas que, de manera reincidente, utilizan “sin justificación” esta modalidad, y ha pedido información a la Seguridad Social para saber si estas empresas abonan la sobrecotización que les corresponde.
Así lo ha expresado en rueda de prensa el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, quien ha advertido de que estas empresas podrían estar burlando el sistema para no pagar el sobrecoste empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, que se incrementa un 36 % para contratos inferiores a siete días, salvo interinidad y actividad agraria.
Del total de contratos de una semana o menos, el 74% son eventuales por circunstancias de la producción, el 18 % por obra y servicio y el 7 % por interinidad.
Según el informe, no hay diferencias entre hombres y mujeres y en cuanto a la edad, este tipo de contratos de muy corta duración se da más en el tramo entre 20 a 35 años y en el colectivo con edades comprendidas entre los 35 y 50 años.
Por sectores, la hostelería acumula el 37,8% de estos contratos de corta duración, seguido por la industria manufacturera, con el 27,5%, y las actividades sanitarias y servicios sociales, el 23,8%.
Ante este informe, la UGT ha expresado su sospecha sobre el fraude que puedan estar llevando algunas empresas que abusan de estos contratos. Ferrer ha explicado que el sindicato ha solicitado información a la Tesorería General de la Seguridad Social y ha informado de que este mismo organismo remitió una circular en 2010 donde decía que había detectado que algunas empresas no aplicaban correctamente el recargo.
También ha comentado que la Seguridad Social se ha comprometido a estudiar y “poner orden” en esto, para saber quién está pagando y quién no.
Para acabar con esta precarización, el responsable de UGT ha insistido en que es necesario un seguimiento a través de la Tesorería de la Seguridad Social pero también ha abogado por intensificar la vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo.
Además, ha apostado por “endurecer” los límites de encadenamiento de contratos fijando topes específicos, actualmente hay un tope de 24 contratos en un plazo de 30 meses.
Aunque todavía UGT no ha recibido respuesta del Gobierno, Ferrer ha avanzado que han mostrado “interés” en la petición y ha considerado que situaciones como éstas son negativas para todos, “para el sistema público, para las empresas y para los trabajadores”.
