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» » Ponderan la señalización de un sitio de torturas durante la dictadura

(29/11/15 - Lesa Humanidad)-.José Nebbia (foto), uno de los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca que actuó en el juicio por delitos de lesa humanidad cuya sentencia se conoció el miércoles, calificó como "muy importante" que el tribunal federal que condenó a prisión perpetua a 18 represores de la armada le pida al Poder Ejecutivo Nacional que el predio donde funcionó la Séptima Infantería, en Puerto Belgrano, sea considerado sitio de la memoria del terrorismo de estado.

Nebbia, quien junto a su colega Miguel Angel Palazzani integran la Unidad Fiscal, señaló a Télam que "tal lo manifestaron los familiares, las víctimas y nosotros creemos que en ese lugar, que fue abandonado durante muchos años, se puede llegar a encontrar pruebas" sobre el Terrorismo de Estado.

En ese sentido, precisó que "hay personas desaparecidas que no se sabe que sucedió con ellos y por ello hay que hacer una prospección (exploración del terreno) como señaló el Tribunal en todo ese predio para, al menos, despejar cualquier tipo de hipótesis" respecto de la existencia de restos humanos en el lugar.

Nebbia además señaló que la Séptima Batería, ubicada en proximidades de la Base Naval de Puerto Belgrano "fue uno de los centros clandestinos de detención y tortura utilizados por la Armada y como hemos escuchado en el juicio, las víctimas pasaron por distintas edificaciones pero este lugar era el centro de exterminio".

El fiscal comentó que "una de las particularidades del juicio que concluyó el miércoles es que quedó demostrado cómo las fuerzas actuaron de manera coordinada entre ellas" ya que "tenemos condenados de la Armada, del Ejército, del Servicio Penitenciario y de la Policía Bonaerense".

Por su parte, Palazzani, actual titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) destacó las condenas a los delitos sexuales emitidas por el Tribunal, al señalar que se trató de "una importante reivindicación para las víctimas".

"El hecho que la sentencia haya reconocido la comisión de los delitos sexuales como algo diferenciados de las torturas es una importante reivindicación para las víctimas y sienta un precedente muy importante de cara a los próximos juicios de leda humanidad", remarcó Palazzani en diálogo con Télam.

Aunque aún restan conocerse los fundamentos de esta sentencia, el funcionario judicial se mostró conforme con el monto de las condenas.

"El Tribunal respondió a todos los pedidos que les formulamos y eso nos dejó muy conformes. Ahora esperamos los fundamentos para analizar los próximos pasos a seguir", subrayó.

En su veredicto, los magistrados ordenaron que el diario la Nueva Provincia, propiedad del empresario Vicente Massot, debe publicar rectificaciones sobre las informaciones que en su momento publicó sobre la suerte que corrieron las víctimas, una situación, a juicio del fiscal, "muy novedosa" en la historia de los procesos de lesa humanidad.

"Se obliga a un medio a que rectifique la información que publicó sobre la suerte que habían corrido los secuestrados y los ejecutados por la Armada. Es un hecho novedoso. También la orden de que la Batería 7 de la Base de Puerto Belgrano sea declarado sitio de memoria. Desde la Fiscalía vamos a exigir el cumplimiento de estos dos puntos", enfatizó.

En este juicio, el tercero por delitos de lesa humanidad que se sustanció en Bahía Blanca, la justicia federal condenó a penas de prisión perpetua a 18 de los 22 imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, entre otros, en perjuicio de perseguidos políticos, y a otras diversas penas de cárcel a otros imputados.

Entre los condenados figuran militares que integraban la Armada y el Ejército en la época de los hechos investigados y también ex miembros de la Prefectura, el Servicio Penitenciario y la Policía Bonaerense, todos los cuales deberán cumplir las penas en cárceles comunes.

Entre las 66 víctimas, se encuentran los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que, por decisión judicial, deberá ser publicado el veredicto.

Se trató de la causa 1103, caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)".

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina.

Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano y en la Base de Infantería de Baterías, ambos de la Armada, y en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.

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