En el marco del cuarto juicio de lesa humanidad en Jujuy llamado “Nuna Puka”, que en quechua significa "Almas Rojas" en homenaje a las 17 víctimas del PC de Tumbaya y San Salvador, la semana pasada declararon dos agentes de la policía de esa provincia y un oficial del Servicio Penitenciario. Los tres testigos solicitados por las querellas, estuvieron en funciones durante 1976, año en que ocurrieron los crímenes de lesa humanidad juzgados en esta causa.
En este proceso oral y público se investiga el secuestro de los 17 militantes del PC, y la desaparición de ocho de ellos, de quienes no se sabe nada desde el 15 de diciembre de 1976, momento en que algunos de ellos fueron trasladados en un vehículo -en simultáneo al traslado de otros detenidos-, del penal de Villa Gorriti al Aeropuerto“Horacio Guzmán” y desaparecieron en el trayecto.
Por estos hechos hay 14 ex militares, agentes retirados de las policías Federal y Provincial, y personal del Servicio Penitenciario imputados, entre los que se encuentran autores materialesque “participaron del traslado y deben saber dónde están”, explicó Paula Álvarez Carreras, una de las abogadas querellantes a Infojus Noticias. Las víctimas que prestaron declaración testimonial en las audiencias pasadas les pidieron a los imputados “que colaboren y digan dónde están los cuerpos de los compañeros, de los familiares” contó.
Las declaraciones de la sexta audiencia
Juan Mamani, jefe de guardias - internas y externas- del Servicio Penitenciario, declaró lo mismo que en el II juicio de lesa de esa provincia, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal Pablo Pelazzo, a Infojus Noticias. “No dio información, fue reticente a contar cómo funcionaba el Servicio Penitenciario, siendo que trabajó al menos 20 años allí; incluso dijo no recordar el nombre del interventor militar”, señaló.
El testigo reconoció su firma en el libro de ingreso y traslados del Servicio Penitenciario donde aparecen la mayoría de las víctimas de esta causa, pero desligó su responsabilidad alegando que sus superiores lo obligaban. A su vez, dijo que no participó del registro de ingreso o egreso de presos políticos y que los camiones que entraban con este tipo de detenidos “no eran controlados, porque el oficial Arjona, que estaba a cargo de estos daba órdenes de dejarlos pasar” informó la agencia de noticias Télam.
Andrés Avelino Cayon, agente de policía de la provincia de Jujuy, perteneciente al comando radioeléctrico y al comando de radio patrulla, fue quien más datos dio sobre los ex militares Braga, Bulgheroni y Jones Tamayo, el grupo más importante de represores de la provincia, y que pertenecían al área 323. Declaró que llevaban detenidos de la Central de Policía de la provincia hacia otros lugares.
"Mencionó también a los policías Lescano, Ruiz y varios imputados en esta causa”, expresó Pelazzo. Cayon a su vez reconoció que sabía de la existencia de presos políticos en las dependencias donde trabajó, y que ante la situación de detenciones ilegales que se presentaban renunció a su puesto en 1977.
También prestó declaración el agente Miguel Ángel Jaime, quien describió un vehículo “Ford Falcón amarillo que usaban para salir en los operativos. Coincidió con la descripción que hizo Cayon. Habló de la zona restringida, que eran oficinas y lugares dentro de la Central de Policía donde funcionaba el Área 323 con militares y policías afectados” informó Pelazzo.
Los imputados
De los 14 acusados por los delitos de lesa humanidad cometidos sobre las almas rojas, cinco están libertad: el ex policía federal Jorge Ernesto Mendoza -alias “El Gaucho Martín-, Catalino Soto y Francisco Espíndola, ex agentes de la policía de la provincia de Jujuy; Federico Colmenares y Félix Batalla, del Servicio Penitenciario provincial.
Los nueve procesados restantes están detenidos bajo diferentes modalidades: Alberto Callao, del Ejército; Armando Hugo Ruiz, Raúl Armando Claros, Siro Lucas Goyechea y Juan Carlos Vaca –ex policías de Jujuy-.Carlos Gutiérrez –del Ejército- y Ramón Herrera -del Servicio Penitenciario- tienen el beneficio de la prisión domiciliaria.
Por su parte, Rafael Mariano Braga y Eduardo Bulgheroni, ya condenados a prisión perpetua durante el primer juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en la provincia, quienes asisten al proceso a través de videoconferencia desde los servicios penitenciarios donde cumplen las penas.
Próxima audiencia
El jueves 3 de diciembre tendrá lugar la próxima sesión, en la que se esperan las declaraciones de dos ex agentes pertenecientes a las fuerzas de seguridad. La misma se desarrollará en la Sala del Juzgado Electoral de San Salvador de Jujuy.
Las partes querellantes volverán a solicitar al Tribunal Oral que se agreguen una o dos jornadas de audiencias, para hacer ágil el proceso judicial, dado que en la actualidad cuenta sólo con cuatro horas semanales.
