Al tiempo que aprueban los esfuerzos del ejecutivo en tal sentido, se encuentran lejos de estar seguros de que los mismos serán recompensados, según el sondeo Elabe realizado para la televisora local BFMTV.
Por su parte, el gobierno impulsa un proyecto de ley que busca endurecer el código penal con el fin de mejorar la lucha contra el terrorismo tras los atentados de noviembre pasado, robusteciendo principalmente los poderes de la policía, las fiscalías y la prefectura.
El texto se encuentra bajo el examen del Consejo de Estado. Posteriormente debe pasar por las manos del Consejo de Ministros, antes de ser presentado ante el parlamento.
El proyecto ya provoca críticas pues algunos opinan que reduce los poderes de la justicia en beneficio de la policía.
Expertos consideran que con ese instrumento el gobierno está preparando el camino para cuando termine a fines de febrero el plazo de extensión del estado de emergencia, vigente desde los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París.
Bajo tales condiciones, las fuerzas del orden pueden poner bajo arresto domiciliario a todo aquel cuya conducta consideren que constituye una amenaza, lo cual permite incluir a individuos sospechosos por sus comportamientos o sus compañías, palabras o proyectos.
También contempla prohibir a la persona bajo dicho tipo de detención, entrar en contacto directo o indirecto con otras sospechosas de preparar actos que atenten contra el orden público. Permite realizar registros a cualquier hora del día o de la noche sin orden judicial.
