El Parlamento de Haití concluyó el proceso de inscripción de los aspirantes a presidir de manera interina el país, mientras la oposición volvió a las calles en rechazo a la forma en que se concretó el acuerdo que procura zanjar el vacío de poder.
Los congresistas analizarán la lista de candidatos inscritos durante la semana pasada, antes de votar por el político con mejores condiciones para ocupar el puesto, aunque la oposición considera la iniciativa un golpe parlamentario.
Con el fin de llevar a cabo el proceso de manera transparente, la Asamblea invitó a las organizaciones civiles, religiosas y a la prensa, en general, a observar la selección de los candidatos. El elegido juramentará el cargo mañana y relevará al primer ministro, Evans Paul, al frente del Ejecutivo.
De esta manera se cumple con el acuerdo hecho con el presidente saliente, Michel Martelly, para restablecer lo antes posible la gobernabilidad tras concluir su mandato sin que se haya elegido en las urnas a su sucesor debido a enfrentamientos políticos el pasado 7 de febrero.
Dicho pacto incluye la creación de un gabinete provisional que se extenderá por 120 días, y que organizará la segunda ronda presidencial programada para el 24 de abril y que entregará el mando el 14 de mayo al nuevo presidente.
La oposición, sin embargo, está en contra de todo lo convenido, lo considera antidemocrático y un golpe parlamentario porque avala la primera vuelta del 25 de octubre pasado, cuando denunció fraude e irregularidades en los resultados de los comicios.
Reiteran, además, que el Parlamento (bicameral) convertido en Asamblea Nacional no tiene facultad constitucional legal para elegir a un presidente interino, y aseguran que Martelly impuso ese acuerdo para mantener su influencia sobre los asuntos del país, aunque esté fuera del poder.
Incluso, alertan de posibles sobornos en la votación del gobernante provisional, por lo que planean más protestas y una demanda contra los líderes del Senado y la Cámara de Diputados.
Los opositores quieren un gabinete interino encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jules Cantave, así como la anulación de la primera ronda comicial, una comisión independiente para evaluar ese sufragio y también la convocatoria a un nuevo proceso electoral.
