La CIDH, en un documento muy crítico con el Gobierno dominicano, insta al Estado a dejar sin efectos jurídicos esa sentencia del TC, que redefinió, con efectos retroactivos, el alcance que había tenido el principio de “jus soli” (derecho de suelo) desde la Constitución de 1929 y dejó en situación de apatridia a “decenas de miles de personas”.
En el informe, resultado de la visita de la CIDH a ese país entre el 2 y el 6 de diciembre de 2013, la Comisión pide también dejar sin efecto las disposiciones de la ley 169/14 que se basan en considerar extranjeras a personas nacidas en territorio dominicano, cuando aún se aplicaba el principio de “jus soli”, por ser hijas de extranjeros en situación irregular.
La CIDH rechaza que “sean tratadas como extranjeras” personas nacidas en territorio dominicano y a las que, de acuerdo a la legislación del país, les correspondía la nacionalidad dominicana, y lamenta que “aún no se cuente con un mecanismo que les restituya plenamente su nacionalidad a ellos y sus descendientes”.
La Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), urge también al Gobierno dominicano a poner fin a “las prácticas tendientes a negar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio en razón del origen de sus padres o ascendientes, o de la situación migratoria de sus padres”.
“La situación de apatridia generada por la sentencia 168/13 y que aún no ha logrado ser plenamente reparada tras las medidas adoptadas por el Estado dominicano es de una magnitud nunca antes vista en América”, consideró el comisionado Enrique Gil Botero, relator sobre los Derechos de los Migrantes y bajo cuyo mandato se incluyen los derechos de las personas apátridas.
En su informe, de 261 páginas, la CIDH expresa su preocupación ante “los niveles de violencia que se generaron como resultado del incremento de la intolerancia y los discursos racistas” en la República Dominicana, así como por “las amenazas públicas y actos de agresión contra personas que criticaron públicamente la sentencia 168/13″.
“Esta situación se enmarca dentro de la discriminación histórica que en diversas esferas enfrentan las personas dominicanas de ascendencia haitiana”, consideró la relatora sobre los Derechos de las Personas Afro-Descendientes, la comisionada Margarette May Macaulay.
“Esa discriminación se manifiesta en políticas, leyes, sentencias y prácticas tendientes a privarles de su derecho a la nacionalidad dominicana sobre la base de criterios tales como el color de piel, el origen nacional de sus padres o ascendientes, los apellidos o la capacidad lingüística”, añadió.
En este contexto, la CIDH ofrece al Gobierno dominicano colaboración para buscar soluciones a los problemas identificados por el informe y para aplicar las recomendaciones “formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación”.
La Comisión, con sede en Washington, agradece asimismo al Gobierno y al pueblo dominicano “todas las facilidades brindadas” para la realización de su sexta visita “in loco” a ese país.
