El imputado, que en ese entonces tenía 61 años, mantuvo a las víctimas bajo encierro entre mediados de 2010 y mayo de 2011, período en que les impidió la escolaridad.
En el debate oral, que comenzó el 30 de octubre de 2015, intervino el fiscal Diego Velasco con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). A lo largo de las audiencias, declararon una serie de testigos que brindaron detalles de los hechos. Entre las pruebas, se encuentran informes periciales físicos y psicológicos que ratificaron el testimonio de la víctima, obtenido a través de cámara Gessell.
En sus alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado la pena de 26 años de prisión.
La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Gerardo Di Masi, entonces a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8. Si bien en un primer momento el caso quedó enmarcado bajo el delito de trata de personas, el fiscal Velasco dejó de lado esa calificación al considerar que para su configuración se requieren “ciertas pautas de organización, estabilidad, habitualidad y beneficio económico producto de la explotación, que en los hechos no se vislumbran”
