Por disposición de las autoridades hondureñas, el connacional permanece en aquella nación en calidad de testigo, en el marco de las pesquisas que se llevan a cabo para detener a los responsables del asesinato de la ambientalista, ocurrido el 3 de marzo.
En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de México resaltó que desde el ataque contra la activista indígena Castro Soto ha mostrado disposición a colaborar con la fscalía en todos los requerimientos que le han solicitado, a fin de contribuir a esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.
Manifestó plena confianza en el compromiso de las autoridades hondureñas para realizar las investigaciones pertinentes y presentar ante la justicia a los responsables de estos hechos, así como proteger al testigo en el proceso penal, con apego a los derechos humanos y protocolos internacionales aplicables.
Agregó que el gobierno de Honduras ha dicho que está adoptando todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad del connacional. En este sentido, la embajada de México le solicitó oficialmente detallar el alcance de las acciones adoptadas.
También se comprometió a seguir velando por el cumplimiento de tales medidas, al resaltar que la embajada mantiene contacto permanente con Castro Soto y le brinda el apoyo y la protección consular a la que tiene derecho bajo la legislación mexicana y la Convención de Viena de Relaciones Consulares, con pleno respeto a las leyes hondureñas.
Añadió que la legación seguirá brindando toda la protección consular que el connacional requiera hasta su retorno al país.
La dirigente indígena ambientalista Berta Cáceres, de 43 años, fue asesinada a tiros por desconocidos que invadieron su casa en La Esperanza, a 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. Gustavo Castro se encontraba en el domicilio de la lideresa cuando ocurrió el ataque, en el cual resultó herido.
