“No hay ningún fundamento jurídico. El gobierno repudia en género, número y grado este acto contra el presidente Lula. Este es un momento de diálogo, calma y pacificación”, dijo la mandataria, quien se negó a confirmar o no si invitó a Lula a convertirse en ministro. Sin embargo, subrayó que sería un excelente candidato para integrar a cualquier gobierno.
Los fiscales Cassius Conserino, José Carlos Blat y Fernando Henrique Moraes de Araújo presentaron el miércoles pasado una denuncia contra el exjefe de Estado por los delitos de lavado de dinero –en la modalidad de ocultación de patrimonio– y falsedad documental en la compra de un apartamento tríplex en Guarujá, ciudad costera de São Paulo.
Entre las otras seis personas que tuvieron la prisión preventiva solicitada también están el expresidente de la OAS, Leo Pinheiro, y João Vaccari Neto, ya detenido en el marco de la Operación Autolavado; Ana Maria Érnica, exdirectora de Bancoop; y Vagner de Castro, expresidente de Bancoop. La Justicia aún debe decidir si acepta la solicitud la denuncia y la solicitud de prisión preventiva. No hay fecha para esa decisión.
En la denuncia, los fiscales afirman que existen “argumentos exhaustivos” contra los acusados.
La presidenta anunció además que no tiene planes de renunciar:
“¿Les perece que estoy resignada o a punto de renunciar? Yo no me resigno a nada y no tengo ese tipo de actitud ante la vida. Creo que esa ola de rumores no contribuye para nada y crea una crisis política negativa para la economía brasileña. Tenemos todas las condiciones para reanudar el crecimiento. Ustedes son testigos de que no estoy a punto de renunciar”, afirmó la presidenta durante una conferencia de prensa.
La Cámara de Diputados acogió en diciembre la solicitud de apertura de un proceso de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff.
