La sesión especial fue reclamada a través de una nota enviada a la Presidencia de la Cámara, firmada por los peronistas Norma Durango, Guillermo Pereyra, Daniel Lovera, Marina Riofrío, Adolfo Rodríguez Saá, Juan Manuel Abal Medina y Juan Irrazábal.
El plenario se llevará a cabo desde las 15.30, aunque previamente se realizará una reunión de Labor Parlamentaria.
En el seno del FPV, las discrepancias sobre acompañar o no esta iniciativa -rechazada de plano por el presidente Mauricio Macri, quien avisó que podría vetarla- fueron motivo de reuniones de último momento este mediodía entre los legisladores del bloque que conduce Miguel Pichetto.
Después del mediodía mantuvieron un encuentro el presidente de la Comisión de Trabajo, Lovera; el de Presupuesto y Hacienda, Abal Medina; y el salteño Rodolfo Urtubey; todos pertenecientes al Frente para la Victoria.
Sin embargo, primó la decisión de avanzar con la ley antidespidos tal como fue dictaminada la semana pasada.
Así lo revelaron a Télam los tres referentes kirchneristas que estuvieron reunidos en el despacho de Lovera durante más de una hora.
“Esta Ley no es contra el gobierno. Pero tenemos que ponerle un freno a los despidos”, declaró Lovera, para luego aclarar que “el proyecto saldrá tal como fue dictaminado”.
Lovera también anticipó que “así como votaremos esta ley, en el futuro la podremos vetar”, y supeditó esa decisión a que el Poder Ejecutivo convoque a una mesa de diálogo con el sindicalismo, las empresas y “la Iglesia”.
Por su parte, el salteño Urtubey adelantó que pedirá cambios a la iniciativa en el recinto, pero reveló que lo hará “en minoría, ya que la mayoría del bloque está de acuerdo con la redacción original”.
Entre las modificaciones que reclamará en el recinto figuran permitir que las empresas puedan suspender personal y dejar fuera de la Ley Antidespidos a las Pymes.
“Debemos evitar los despidos. Y estamos de acuerdo en dejar la doble indemnización como garante de ello”, dijo Urtubey.
Por su parte, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, cuestionó la Ley Antidespidos y argumentó que “la primera obsesión del gobierno es generar trabajo”.
“Dudo mucho que este mecanismo que impulsa el Frente para la Victoria vaya a generar empleos”, remarcó.
Con el impulso de la oposición, que posee quórum propio y una amplia mayoría, sobre todo gracias a los 42 integrantes del bloque del FPV, la Cámara alta tratará a declaración de emergencia ocupacional que recibió dictamen el pasado miércoles gracias a las firmas de todos los legisladores del peronismo, tanto kirchneristas como de las otras vertientes partidarias.
La iniciativa pretende suspender por 180 días, desde su entrada en vigencia, los despidos y las suspensiones tanto en el sector estatal nacional como en las empresas privadas.
Además, le ofrece al empleado la posibilidad de ser reincorporado inmediatamente o de elegir que se le pague la doble indemnización.
La suspensión de los despidos había sido pedida por las cinco centrales sindicales ante los senadores, durante una reunión que se realizó a principios de abril en el Salón Azul del Palacio Legislativo.
Pese a la reticencia del gobierno, el proyecto del Senado es menos condicionante que el que tiene dictamen en Diputados que no solo dispone la emergencia ocupacional hasta fines de 2017, sino que obliga a la reincorporación de los despedidos desde el 1 de marzo de este año.
Por otro lado, el Senado también tiene en agenda una iniciativa para exigirle al Poder Ejecutivo que cada vez que pretenda tomar deuda, tanto interna como externa, deba pedir autorización al Congreso de la Nación.
La idea había sido presentada por el peronismo antes de que se debatiera la ley de acuerdo con los holdouts pero, gracias a una negociación con el oficialismo, fue modificada para que no entorpeciera esa negociación.
De hecho, el proyecto original que habían redactado el peronista puntano, Adolfo Rodríguez Saá y el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, era mucho más restrictivo que el que tratarán este miércoles.
La iniciativa obliga al Poder Ejecutivo a hacer aprobar por el Congreso una Ley Especial cada vez que quiera endeudarse y establece que deberá solicitarse también al Poder Legislativo autorizar la prórroga de jurisdicción de pago de esa deuda.
