Con esta decisión se busca avanzar en los pasos que dio el país en los últimos años para avanzar en materia de transparencia fiscal, dijo el senador Leonardo De León, en declaraciones que publica hoy el periódico La República.
Debemos buscar cada día mayor transparencia y mucho más ahora que el mundo se ha visto sacudido por los informes de los Panama Papers (Papeles de Panamá), comentó.
El senador del Frente Amplio destacó que gracias a las acciones desplegadas hasta ahora, su país cumple con los estándares internacionales en esta materia de intercambio de información con fines fiscales.
Pero es cierto, dijo, que en algún momento "hubo mecanismos que podían ser utilizados para lo que se puede denominar cierta opacidad fiscal".
Mencionó en ese sentido, instrumentos para actuar con actividades económicas offshore, como las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión.
Apuntó que ese camino fue abandonado hace muchos años por Uruguay y ahora hay que dar nuevos pasos después del escándalo mundial desatado por los Panama Papers.
Datos publicados por la prensa señalaron que Uruguay está entre los países con más compañías en el extranjero creadas a través de la firma panameña Mossack Fonseca.
Señaló La República que la comisión aprobada anoche entre los legisladores fue por unanimidad y estará integrada por cuatro parlamentarios del oficialismo y tres de la oposición.
La semana pasada a Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay realizó varios operativos en empresas luego de la filtración de documentos a la prensa en el llamado escándalo Papeles de Panamá.
El director de la DGI, Jorge Sierra, declaró que durante el proceso se incautó información para evaluar y determinar si existen irregularidades o fraude en la instalación de sociedades offshore en Panamá, y de haberlos, añadió, se procederá a reliquidar los impuestos.
En el caso de haber delitos como lavado de dinero se harán denuncias ante la Justica, remarcó
Sierra indicó que en los operativos participaron unos 40 inspectores, y apuntó que la mayor parte de la información fue proporcionada por las entidades inspeccionadas, aunque reveló que dos de ellas se negaron a aportar los datos requeridos por lo cual se procedió a la confiscación.
Carlos Díaz, director de la Secretaría Nacional Antilavados, aseveró por su parte, que esta semana comenzarían las inspecciones a varias firmas mencionadas en los referidos documentos.
