Poco después del cambio de gobierno en Buenos Aires, las organizaciones sociales que tienen comedores y merenderos populares en las barriadas del conurbano y el interior de la Provincia propusieron un plan para la creación de puestos de trabajo, pero la respuesta de María Eugenia Vidal fue recortarles en un 50 por ciento la mercadería que recibían del Estado.
Se trata de cientos de lugares que diariamente proveen de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría niños y adultos mayores.
“El Gobierno bonaerense nos condena a cerrar la mitad de los comedores o a decirle al chico ‘hoy comés, mañana no’. Están firmes en esa postura”, explicó Juan Pablo Nocelli, dirigente de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados (AGTCAP), al movilizarse junto a otras organizaciones hasta las puertas del Ministerio de Desarrollo Social en La Plata.
En diálogo con los medios, Nocelli se quejó de que no haya “una sola media popular” en los primeros 100 días de gobierno del macrismo.
“Estamos en este conflicto cuando se acaba de votar el pago a los buitres, en medio del aumento de la inflación, los tarifazos… todas las medidas han sido a favor de los ricos. No vamos a aceptar que un gobierno que habló de ‘pobreza cero’ favorezca a los de arriba, y ataque a los más pobres y vulnerables”, enfatizó.
Por su parte, Sergio Párraga, de la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, informó que una delegación de las organizaciones logró entrar al edificio para pedir una audiencia con el ministro Santiago López Medrano, pero que los funcionarios de la cartera respondieron con “amenazas”.
Además de la restitución de los alimentos, exigen “trabajo genuino”, aumento de los programas sociales “acorde al crecimiento del costo de vida” y una “tarifa social efectiva al alcance de todos los sectores de menores ingresos”. También se solidarizaron con los trabajadores despedidos y repudiaron la criminalización de la protesta social.
“Lo concreto es sólo ajuste y tarifazos, despidos en masa tanto en el sector privado como público, y medidas represivas para quienes se oponen y luchan en defensa de sus derechos. Frente a la terrible escalada inflacionaria, nuestros ingresos quedan cada vez más lejos de sustentar lo elemental para sobrevivir, empujándonos a los sectores humildes a la marginalidad absoluta”, advirtieron.
