En su denuncia, el procurador fue acompañado por los fiscales ad hoc José Nebbia y Fernando Vallone y la coordinadora del Área de Encierro, Bárbara Franco.
La Procuvin también pidió en la presentación que "se haga cesar la comisión del delito mediante la clausura preventiva de todos los retenes de los módulos 1, 2, 5 y 6 del Complejo, disposición que, a criterio de los fiscales, resulta la medida cautelar más idónea para esos fines".
La denuncia, según señaló la página web del Ministerio Público Fiscal, "es producto de una inspección llevada a cabo el pasado viernes 6 de mayo, sin previo aviso".
En esa ocasión los fiscales advirtieron que en los denominados retenes de los módulos 1,2,5 y 6 se encontraban alojadas desde hacía varios días trece personas, que padecían un régimen de detención que la Procuraduría calificó como "inhumano".
"Muchos de esos sitios carecen de baños, agua, luz artificial y duchas, a pesar de que se somete a la persona allí detenida a un régimen de aislamiento grupal durante todo el día", indicaron los fiscales.
En la presentación, se resaltó que las condiciones de detención impuestas a las víctimas "violan varias de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), aprobadas por la Asamblea General de la ONU en diciembre del año pasado".
