El giro en la política de derechos humanos tras la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada sigue generando inquietudes. Luego de que el Ministerio de Seguridad eliminara de su nuevo organigrama a la Dirección de Derechos Humanos y al Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), una senadora nacional salió a pedirle explicaciones al Gobierno.
Norma Durango (PJ-La Pampa) quiere saber los motivos de este hecho, cuáles son las medidas que se han evaluado para darle continuidad a las funciones de dichas reparticiones y si la decisión responde a los lineamientos generales de una política sobre derechos humanos del nuevo gobierno.
El 7 de mayo tomó estado público, a través de un comunicado de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo, que el Ministerio de Seguridad de la Nación cuenta con una nueva estructura orgánica donde no figura la Dirección de Derechos Humanos ni el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), encargado de la obtención de muestras de ADN por vía judicial, a fin de permitir la identificación de los hijos e hijas de desaparecidos durante el terrorismo de Estado.
Al respecto, Durango sostuvo que “uno de los objetivos generales de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, que con la reestructura se eliminó, era colaborar activamente, dentro de las competencias del sector, en la política de lucha por la memoria, la verdad y contra la impunidad por las graves violaciones a los Derechos Humanos”.
“Esta colaboración la realizaba promoviendo medidas tendientes a la localización y consecuente protección de documentación con valor histórico o judicial perteneciente a las fuerzas de seguridad o policiales y avanzar con su digitalización. También promoviendo medidas de reparación simbólica en el ámbito de las fuerzas por violaciones a los derechos humanos de sus integrantes, ya sea durante el terrorismo de estado o desde la recuperación democrática, entre otras cosas, por eso es importante saber cómo se hará ahora esta tarea, si es que está previsto queremos saberlo”, resaltó.
En este marco, la senadora expresó que la situación “es muy preocupante porque esta dependencia tenía la responsabilidad de asistir al Poder Judicial en los requerimientos relacionados con causas por sustracción de menores de 10 años, o supresión de identidad, originados durante la vigencia del terrorismo de Estado en el período comprendido entre los años 1976 y 1983”.
“Comparto con Abuelas que todas estas medidas son un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente, la desarticulación de áreas clave de derechos humanos abocadas desde 2003 a las causas de lesa humanidad en distintos organismos del Estado son parte de la política de despidos masivos que está llevando a cabo el Gobierno nacional”, señaló la senadora pampeana.
“Desmantelamiento”
Durango denunció que “desde febrero de este año se están desmantelando áreas estratégicas en la lucha por la verdad y la justicia como son la subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central encargada, entre otros temas, de investigar la complicidad del sistema bancario y financiero durante la dictadura y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa lugar de consultas sobre antecedentes para la designación de militares”.
“Hubo además despidos en el Archivo Nacional de la Memoria; en el Programa de Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y en la dirección de Sitios de Memoria. En este mismo tiempo, la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad ya había sufrido varios despidos que dejaban a los equipos técnicos en una parálisis total y hoy queda fuera del organigrama de la cartera a cargo de Bullrich”, repasó.
Uno de los equipos que ya habían perdido a su coordinadora en febrero es el Grupo Especial de Asistencia Judicial, creado mediante la Resolución N° 166/11 con el fin de asegurar la existencia de instancias institucionales para coordinar la ejecución de allanamientos, registros, pesquisas y secuestros de objetos a los fines de la obtención de ADN en el marco de causas por sustracción de menores de 10 años o retención indebida de menores de edad o falsificación de documentos públicos o supresión de identidad originados durante la vigencia del Terrorismo de Estado en el período comprendido entre los años 1976 y 1983.
Cabe mencionar que el GEAJ fue creado como parte del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 20/11/09).
De esta manera, se dejaba de lado la intervención de las fuerzas de seguridad al momento de la toma de muestras de ADN, ya que se había constatado que en muchas ocasiones los agentes habían intervenido de forma maliciosa para complicar la investigación de la búsqueda de los bebés apropiados.
